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El Gobierno de Ayuso, a la cola en ayudas por violencia de género: en 2019 solo aprobó 16 con 26.166 denuncias

Madrid se encuentra en las peores tasas de protección a las víctimas de violencia de género, datos que contrastan con otras autonomías.

El Gobierno de Ayuso, a la cola en ayudas por violencia de género: en 2019 solo aprobó 16 con 26.166 denuncias El Gobierno de Ayuso, a la cola en ayudas por violencia de género: en 2019 solo aprobó 16 con 26.166 denuncias

Foto: Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid se encuentra a la cola en ayudas sociales a víctimas de violencia de género en nuestro país. En 2019, la región registró 26.166 denuncias de mujeres, pese a lo que se concedieron únicamente 16 ayudas, vinculadas al artículo 27 de la Ley de Violencia de Género de 2004, una de las decenas de prestaciones que existen.

Durante el mismo plazo, se registraron otros datos en las siguientes autonomías. Por ejemplo, Galicia tuvo 6.551 denuncias y concedió 189; País Vasco concedió 250 con 5.927 denuncias; Andalucía dio 85 con 33.997 denuncias o Valencia, con 23.932 denuncias, dio 204 prestaciones.

Y los datos no han mejorado con el paso de los años. En 2020 concedió 14 ayudas, dos menos que en el ejercicio anterior, un dato que contrasta con las 340 de la Xunta de Galicia o las 111 que proporcionó la Junta de Andalucía.

Con este panorama, Madrid se encuentra en los ratios más bajos en cuanto a cobertura proporcionada a las víctimas de violencia de género de todo el país, y también en comparación con las denuncias que registra. La Dirección de Igualdad se escuda en la falta de cumplimiento de criterios de las víctimas, mientras que la oposición denuncia falta de voluntad política.

La responsable madrileña de la Dirección de Igualdad, Patricia Reyes, señala al diario El País "No todas las solicitudes se materializan en la adjudicación de la ayuda, ya que las solicitantes deben cumplir los requisitos marcados por la ley".

Uno de ellos está relacionado con la dificultad para encontrar un empleo por edad, falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales. "En muchas ocasiones, en cumplimiento de la legalidad vigente, se deniega la ayuda porque la solicitante no cuenta con esas especiales dificultades para encontrar un empleo", afirma.

Un dato que contrasta con otras autonomías que, por ejemplo, cuentan con datos de desempleo similares a Madrid: Galicia tiene un 13,61%, País Vasco un 10,42% y la Comunidad de Madrid se encuentra actualmente en un 12,78% de paro. Igual sucede con la brecha salarial: País Vasco se encuentra en un 19,51%, Galicia con un 19,25% y Madrid con un 18,53%.

Grandes contrastes respecto a Madrid

El mayor contraste de Madrid respecto a otras autonomías se encuentra comparando los datos a nivel global, desde que se aprobaron las ayudas en el año 2006. En Madrid, desde entonces, se han aprobado 174 (2% del total), Andalucía 908 (10,5%), Valencia cuenta con 1.311 (15,1%), País Vasco ha otorgado 1.577 (18,2%) y Galicia 1.380 (15,9%).

Todo ello se suma a la situación de los títulos habilitantes. Se trata de una acreditación que constata que una mujer es víctima de violencia de género cuando no existe denuncia. Hay que tener en cuenta que, de las 118 mujeres asesinadas en Madrid desde 2003, solo 25 habían interpuesto una denuncia.

Los datos que aporta el Gobierno regional son los siguientes: 751 solicitudes y 721 aprobadas en 2020; 589 realizadas y 567 aprobadas en lo que va de 2021. Unos datos que contrastan con la realidad, ya que la mayoría de situaciones no se denuncia.

El problema se puede encontrar en dos motivos. Primero, que la Comunidad de Madrid no ofrece el título habilitante a las víctimas como norma general, lo que provoca que muchas desconozcan esta posibilidad. Después, el cuello de botella que existe en la Administración regional. Mientras que otras autonomías como Baleares, Cantabria, Cataluña, Galicia o Castilla y León cuentan con varios organismos para gestionarlo, Madrid solo lo hace desde Igualdad.

Falta de medios en la Comunidad que, como presume su presidenta, actualmente es la más rica de España. La falta de medios y, según la oposición, voluntad política, constituyen una piedra en el camino en la lucha contra la violencia de género.

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