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Política

El Gobierno de Aguirre desvió dinero público para financiar la campaña de Rajoy a la Moncloa

La UCO sostiene que el PP desvió fondos para falsos cursos de formación que terminaron en el presupuesto de la campaña de Rajoy

La financiación de la campaña electoral del PP para las generales del 2008 contó con el desvió de fondos para falsos cursos de formación . Así lo relata un informe publicado por la Guardia Civil (de la que forma parte la UCO) y que ahora se ha incluido al sumario del caso Púnica.

Aguirre y Rajoy, en un acto oficial del PP "Aguirre y Rajoy, en un acto oficial del PP"

Según relata el infome de la Guardia Civil, el Gobierno de Esperanza Aguirre podría haber empleado Fundescam (una fundación del partido). Así, la Comunidad pagaba a la fundación facturas para realizar un "curso de edición de vídeo y realización audiovisual para eventos" o unas "jornadas de diseño gráfico y publicidad impresa" que, en realidad, no existían. La UCO afirma que todo el dinero fue a parar a financiar la campaña del actual presidente del Gobierno.

Todo ello se sumaría al informe en el que el mismo organismo acusó a Esperanza Aguirre de contar con una financiación irregular que formaba una máquina "dopada" capaz de ganar elecciones arrasando al resto de la oposición. Precisamente la acusan de haber montado un sistema que atentó contra el "pluralismo político".

Las pruebas

Los agentes argumentan en el informe todos los indicios que han llevado a tomar esta conclusión. Al parecer, todo se desvela en un pendrive intervenido por la Guardia Civil en febrero de 2016 en el domicilio de Beltrán Gutiérrez (extesorero del PP de Madrid e imputado en varios casos de corrupción).

Los datos que maneja la UCO llegaron de parte del extesorero del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez "Los datos que maneja la UCO llegaron de parte del extesorero del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez"

En el interior del dispositivo, aparece una carpeta titulada como Presupuesto 08, que en su interior alberga todo tipo de datos relacionados con los gastos e ingresos de la campaña de Rajoy a la Moncloa en el 2008.

Todo parecía atenerse a la legalidad, hasta que las autoridades hayaron varios gastos derivados de algunas cuentas que no deberían haber sido las que aportasen los fondos. Entre todas ellas, había una específica de Fundescam.

Al parecer, la Fundación pagó un total de 179.797 euros, cuando no debería haber pagado nada (más, teniendo en cuenta que se estaba empleando para la financiación irregular del partido, según ha señalado la UCO).

En otra parte del documento, denominado como "resumen", se vuelve a realizar el reparto de dinero de la misma forma. Todo ello, lleva a que la Guardia Civil concluya que parte de los gastos de aquella campaña fueron "asumidos por cauces no legales", una parte de ellos, a través de Fundescam.

Facturas coincidentes

La mayoría de las facturas coinciden con la época en la que Esperanza Aguirre presidía la Comunidad de Madrid "La mayoría de las facturas coinciden con la época en la que Esperanza Aguirre presidía la Comunidad de Madrid"

Llama la atención que el mismo año en el que se concedían subvenciones a la empresa Emfasis en 2008 por un importe de 2.389 euros para "edición de programa de cursos y seminarios para el año 2008", se realizase otro cargo, inmediatamente posterior, con la misma cantidad y de parte de la misma empresa para financiar "carteles". Y sí, esta última parte formaba parte de la contabilidad opaca del partido y no era una información de dominio público.

Por su parte, Fundescam recibió una subvención de la Comunidad de Madrid desglosada en tres albaranes para la "edición de boletín informativo actividades a realizar por la fundación en el primer trimestre de 2008". Precisamente, los 45.400 euros que se pagaron por este concepto, coinciden en la contabilidad opaca con lo pagado a la empresa Víctor Gayo Papelerías con el concepto de "tríptico".

El ejemplo de estos dos conceptos se repite en múltiples ocasiones, por lo que los investigadores han terminado concluyendo que algunas de las subvenciones que la Comunidad de Madrid concedía a algunas empresas y fundaciones se trataban, en realidad, de "operaciones mercantiles inexistentes".

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