Las personas migrantes que huyen de peores condiciones de vida e intentan llegar a España en patera cruzando el mar o el océano se enfrentan a condiciones de elevado peligro. La prueba es evidente: tan solo en el primer semestre de 2023 han muerto 951 personas, una cada cuatro horas y media, la mayoría camino de las Islas Canarias (778, cuatro diarias), mientras que en la denominada Ruta Argelina hacia Levante y las Islas Baleares se han registrado 102, una cada dos días.
El balance ha sido presentado en el informe que publica regularmente el colectivo Caminando Fronteras, el Monitoreo Derecho a la Vida, que advierte de que algunas de las rutas, "en especial la canaria", aumentan "su capacidad mortífera", a pesar de que las cifras oficiales reflejan un descenso en el número de llegadas en patera.
Las estadísticas del Ministerio del Interior recogen la llegada a España en patera, cayucos o lanchas neumáticas, entre el 1 de enero al 30 de junio, de 12.192 personas, lo que representa un 4,17% menos que en 2022. Entre ellos, 4.865 se corresponden con el Estrecho de Gibraltar, el Mar de Alborán y las Islas Baleares, un incremento del 29,2%, mentiras que 7.213 a la Ruta Canaria, un 18,5% más.
Se ha contabilizado, a lo largo de los últimos seis meses, un total de 49 tragedias en pateras con destino a España. De ellas, 28 han ocurrido en las Islas Canarias, once en el Estrecho, ocho en la Ruta Argelina y dos en el Mar de Alborán, en las que han muerto, al menos, 112 mujeres y 49 niños.
El mes en el que se registraron más muertes fue junio, con 332 víctimas, seguido de febrero, con 237 muertes, y enero, con 138, así como abril, con 130. En 14 de los casos, las embarcaciones implicadas desaparecieron con todos los ocupantes.
La asociación explica que en el período analizado han muerto en pateras ciudadanos de 14 nacionalidades: Argelia, Camerún, Costa de Marfil, Gambia, Guinea, Etiopía, Islas Comores, Mali, Marruecos, República Democrática del Congo, Senegal, Siria, Sri Lanka y Sudán.
Las demandas para las víctimas de naufragios
El informe no se limita a contabilizar las pérdidas humanas y analiza lo que ocurre en las rutas, al criticar la postura de España y Marruecos en esta situación. La organización denuncia que las muertes están aumentando a pesar de que el flujo de pateras se reduce y afirma que, en ocasiones, no se ponen los medios de búsqueda necesarios o que las operaciones de rescate se activan con retraso.
Además, denuncia "una mala coordinación entre los países que deben activar los servicios de socorro". "En el caso de España y Marruecos, la coordinación no está basada en el derecho a la vida, sino en las negociaciones bilaterales de control migratorio".
Se cita como ejemplo el naufragio de una neumática ocurrido el 21 de junio a unos 160 kilómetros en el sur de Gran Canaria, en el que murieron 36 personas, con solo dos cadáveres recuperados. La víspera, la localizó un avión español y en ese momento había un barco de Salvamento Marítimo, la Guardamar Calíope, que socorría a otra zódiac a solo 46 kilómetros de distancia. España traspasó, sin embargo, la coordinación del rescate a Marruecos, cuya patrullera no llegó hasta diez horas después, cuando la neumática desfondó.
"España prima transferir la responsabilidad a Marruecos a la protección a la vida. Los servicios de rescate españoles estaban más cerca, con más medios y, a pesar de haberse podido evitar las muertes, se retiraron para que Marruecos asumiera la coordinación", denuncia el informe.
La ONG habla en este caso de "racismo institucional" y argumentan: "Esto solo se aplica a personas migrantes, no siendo así cuando otros colectivos, como pescadores o personas en yates de recreo, están en riesgo".
