Una vez superadas las elecciones del 27-S, la consulta soberanista del 9-N sigue coleando y trayéndole dolores de cabeza a Artur Mas. Hoy el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha decidido imputar a Mas y deberá acudir el 15 de octubre a declarar, al igual que la consellera Irene Rigau y la ex vicepresidenta Joana Ortega. Las acusaciones radican en la desobediencia a la resolución del Tribunal Constitucional, que declaró ilegal la consulta del 9N pero finalmente se llevó a cabo, e incluyen delitos de usurpación de funciones, malversación de caudales públicos y prevaricación.
Fue el 22 de diciembre cuando el TSJC admitió a trámite la querella de la Fiscalía General del Estado contra Mas, Rigau y Ortega tras recibir más de siete querellas y 25 denuncias de ciudadanos y partidos políticos.
Investigación con el 27-S de por medio
La investigación no ha impedido al President continuar con sus funciones e incluso presentarse a las elecciones autonómicas catalanas del 27-S, donde Junts Pel Sí, la coalición de la que formaba parte, ha salido victoriosa y planea llevar a cabo la hoja de ruta por la independencia que presentaba en su programa.
Precisamente por la celebración del 27-S, la defensa de Mas intentó por todos los medios retrasar la declaración de los tres acusados, algo que consiguió alegando abiertamente que la querella podía interferir en la campaña electoral.
No obstante, la investigación ha seguido su curso y durante los últimos meses se ha tomado testimonio a diferentes testigos, como algunos directores de colegios e institutos que abrieron sus puertas a las urnas del 9-N. Ahora también se ha llamado como testigos a Elisabeth Abad, directora del Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE), porque presos catalanes formaron parte de la preparación de la consulta; así como a Joan Cañada por el mantenimiento de la web del 9-N y al responsable de que el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) facilitase sus servicios a la causa.
