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La Iglesia admite poseer un millar de bienes que no son suyos y se abre a devolverlos

La Conferencia Episcopal Española ha reconocido que varias fincas, viviendas y locales no deberían estar entre los bienes inmatriculados a su nombre.

La Iglesia admite poseer un millar de bienes que no son suyos y se abre a devolverlos

La Iglesia española ha reconocido que cerca de un millar de bienes inmuebles que están a su nombre no son suyos y ha llegado a un acuerdo con el Gobierno para iniciar el proceso de su devolución. En concreto, han anunciado que "un millar aproximado" de bienes pertenecerían a un tercero o a la Iglesia no le "consta su titularidad sobre el mismo".

Este acuerdo se ha hecho público este lunes 24 de enero tras la reunión que ha tenido el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, con Juan José Omella, cardenal y presidente de la Conferencia Episcopal Española.

Fue en agosto del 2021 cuando Gobierno y la Iglesia pusieron ya en marcha una comisión para investigar los 35.000 bienes inmatriculados a nombre de esta última. Se trataría en concreto de 34.976 bienes inmuebles que la Iglesia Católica matriculó entre 1998 y 2015 gracias a la reforma de la Ley Hipotecaria introducida con el Gobierno de José María Aznar.

Anteriormente, la ley hipotecaria de 1946 permitía a la Iglesia matricular bienes de una forma mucho más sencilla que para el resto de personas físicas o jurídicas, lo que cambió en 1998 cuando el PP reformó la norma y le permitió también registrar templos de culto, provocando que las inmatriculaciones se aceleraran. La ley se cambió de nuevo en 2015, haciendo que la Iglesia esté sometida ahora al mismo proceso que cualquier otra persona o entidad para reclamar la propiedad de los bienes.

El informe episcopal

De esta forma, en el informe presentado por la Conferencia Episcopal, la iglesia admite que de los 35.000 inmuebles inmatriculó indebidamente cerca de un millar de bienes. La mayoría de ellos son fincas (502 rústicas y 151 urbanas), lugares de culto (179), viviendas (98) y cementerios (28). De estos 965 bienes, admite que 757 pertenecen en realidad a otro titular pese a estar escritos a su nombre y que 208 están ahora en manos de terceros porque los ha cedido o vendido. Además, la mayor parte de este listado se encuentra en la comunidad de Castilla y León.

Estos son los datos que maneja el Gobierno aunque la Conferencia Episcopal admite que hay "errores" en el listado total publicado que "necesitan ser revisados". Así, en lo acordado con Moncloa, la Iglesia abre la puerta a devolverlos y por lo tanto "iniciar los procesos de regularización que, en su caso, pudieran corresponder", afirma el comunicado que firman junto con el Gobierno.

Tras el reconocimiento de la Iglesia, lo siguiente será poner en manos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) el listado completo para que los ayuntamientos puedan identificar a los legítimos propietarios de estos bienes.

"La previsión es que el Gobierno ponga en conocimiento de las entidades locales y de los registros esta información y se puedan, de este modo, iniciar los procesos de regularización que, en su caso, pudieran corresponder. A estos efectos, la Iglesia manifiesta su compromiso de colaboración a fin de facilitar tales procesos", señala el comunicado.

En el listado completo, la Iglesia admite que hay 608 bienes en los que figura como propietaria pero que no han podido ser identificados por falta de información o porque son desconocidos y en 28 bienes se hace referencia directamente a "ermitas que no existen" en las localidades en las que las sitúa el listado.

Criticas de las Asociaciones

Por su parte, la coordinadora Recuperando, que aglutina a más de 30 asociaciones patrimonialistas de todo el país, señala que este acuerdo es "un trampantojo" que únicamente hace pagar a la Iglesia un "premio menor" sobre los 100.000 bienes que la asociación considera que se han atribuido desde 1946.

Asimismo, el portavoz de Recuperando afirma que el Gobierno está "convalidando la mayor estafa inmobiliaria de la historia" al aceptar por buena la versión de la Iglesia de que en el caso de los otros 34.000 bienes no actuó indebidamente.

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