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El Gobierno plantea instalar peajes para acceder a las zonas de bajas emisiones de las ciudades que más contaminan

La medida pretende reducir la entrada de vehículos privados en las grandes ciudades y su pago dependerá de las condiciones del vehículo.

El Gobierno plantea instalar peajes para acceder a las zonas de bajas emisiones de las ciudades que más contaminan

El Gobierno ha anunciado sus planes de instalar varios puntos de peaje para acceder a las zonas de bajas emisiones (ZBE) en aquellas zonas que sean más grandes y que produzcan una mayor contaminación, esto es, las de las grandes ciudades. Esta medida se une así a las medidas ya anunciadas hace semanas en las que el Ejecutivo ya adelantaba que pretendía también instalar puntos de peaje en las autopistas o autovías.

La medida se recoge en el Informe 'Directrices para la creación de zonas de bajas emisiones' que ha elaborado el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico que preside la vicepresidenta tercera Teresa Ribera. La idea principal que recoge el escrito es elaborar un peaje para disuadir la entrada de vehículos privados a las grandes ciudades.

De esta forma, las intenciones del Gobierno son reducir la congestión de las grandes urbes y reducir el tráfico en estas ciudades, así como las emisiones de CO2 a la vez que se aumentan los fondos públicos y se opta por el transporte público.

Según el Gobierno, el pago de esta cuantía dependerá de las condiciones del vehículo y se plantea también la posibilidad de que el precio suba en horas puntas. De esta forma el Ejecutivo pretende seguir el criterio europeo "quién contamina paga" o "el usuario paga" que ya se ha seguido en otras ocasiones y utilizado como consigna para instalar estos mismos puntos de peaje en otras ciudades europeas como Londres, Oslo o Milán.

Nueva Ley

Así, el Ejecutivo también ha recordado que la nueva Ley de Cambio Climático ya obliga a la creación de zonas de bajas emisiones (ZBE) en las zonas que superen los límites de contaminación establecidos y que se encuentren en ciudades con más de 50.000 habitantes, territorios insulares y municipios de más de 20.000 habitantes.

Desde el Gobierno han asegurado que estas medidas sirven para "generar un flujo de ingresos económicos constante" que podrá ser invertido en la mejora de otras infraestructuras de utilidad pública como el transporte o la movilidad peatonal ya que "ayuda a la redistribución de recursos, coherente con la pirámide de la movilidad", han señalado.

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