La noticia del nacimiento de la nueva hija de Ana Obregón por gestación subrogada en Miami ha creado un gran revuelo en nuestro país. El debate sobre los vientres de alquiler ha vuelto a aparecer tanto en el ámbito social como en el político. Muchas caras públicas han salido a través de una diversidad de medios a recordar que se trata de una práctica ilegal en nuestro país.
El primero en contemplarla sería José Luis Rodríguez Zapatero durante su primer mandato como presidente del Gobierno. En el año 2006 prohibiría esta práctica con la aprobación de la Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida, algo que sigue vigente con la Ley del Aborto aprobada por el actual Gobierno de coalición. No obstante, existen ciertos vacíos legales que han permitido que en la década comprendida entre 2010 y 2020 se hayan registrado en nuestro país un total de 2.520 bebés nacidos a través de esta técnica.
En nuestro país se trata de una práctica completamente ilegal, tanto si está pagada como si no. En el caso de países como Portugal o Grecia está permitido si se realiza de manera altruista.
A pesar de la insistencia por parte de los distintos Gobiernos de terminar con esto, muchas son las personas que viajan a otros países para hacerlo. De esta manera, el bebé es registrado en el país de origen. Al volver a España se requiere de una resolución judicial que determine la afiliación del bebé así como la renuncia de la madre biológica a la filiación materna en favor de la persona que la ha contratado.
La Dirección General de los Registros y del Notariado insta a los encargados del registro consular del bebé a verificar que ha sido una práctica consentida por parte de la madre biológica y que se trata de un hecho voluntario.
Una forma de violencia contra las mujeres
La nueva Ley del Aborto considera esta práctica como una forma de violencia contra las mujeres. Así lo ha recordado Irene Montero, ministra de Igualdad. Ha advertido de que está relacionado con un "sesgo de discriminación", ya que la mayoría de las madres que se ofrecen a estos tratos están en situaciones "precarias" y que se encuentran en situaciones de "pobreza". No obstante, a pesar de que la ley en un principio estaba diseñada para perseguir penalmente a los autores de estas prácticas, distintas complicaciones relacionadas con los intereses del menor hicieron imposible su implantación legal.
La falta de un consenso internacional acerca del tema es uno de los mayores problemas que están causando situaciones como la de España. Octavio Salazar, catedrático en Derecho Constitucional, apunta que "no se les puede dejar en el limbo (a los niños)".
"La perversión que tenemos ahora mismo aquí es que el ordenamiento está permitiendo por una parte lo que prohíbe por otra. El problema está no tanto en lo que pasa aquí dentro, sino en que al estar la vía de irte fuera, lo estás convirtiendo en una práctica elitista para quien tiene recursos económicos y se lo puede permitir", explica. "El Gobierno, haga lo que haga, la filiación la va a tener que reconocer. Lo puedes hacer más fácil o más complicado, pero al final el resultado va a ser exactamente el mismo", señala el catedrático.
La posición en la derecha
Dentro de la derecha de nuestro país existen distintas posiciones en cuanto a este tema. Desde VOX, y a través de Iván Espinosa de los Monteros, han dejado claro que no poseen una posición clara, cuando fueron preguntados por el tema de Ana Obregón. En una proposición no de ley de 2020 intentaron impedir las prácticas que se están dando en estos momentos.
Desde el PP pretenden que, ya que es una práctica que se está dando al saltarse la ley, debería de regularse de una manera en la cual no exista beneficio económico para ninguna de las partes. Esta es la misma posición que defiende Ciudadanos.
