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Estos son los yihadistas a los que España mantiene con pensiones de 900 euros

Algunos yihadistas se aprovechan de las ayudas que da el Estado para cobrar una pensión mientras se dedican exclusivamente a radicalizarse.

Las ayudas sociales que España ofrece son un buen apoyo económico para muchos y a veces es el único dinero que entra en una casa. Pero en algunas ocasiones queda demostrado que estas ayudas a personas en riesgo de exclusión social tienen algún tipo de carencias en su control, pues algunos yihadistas y sus familias subsisten gracias a estas pensiones que les permiten no trabajar y dedicarse a la radicalización.

Tal y como han confirmado Fuentes de Seguridad a El Español, existe cierta brecha de seguridad en este servicio público y todo depende de cada Comunidad Autónoma. La Renta Mínima de Inserción en Madrid o la Renta de Garantía de Ingresos en el País Vasco son algunos de los sistemas empleados para poder ayudar económicamente a estas personas sin empleo y con dificultades para encontrar uno.

Pero, como tal, el Estado no es el culpable de estar 'financiando' a estos radicales islámicos. Los yihadistas cobran estas ayudas como cualquier otro ciudadano que la necesite y las conocen gracias a los centros culturales, mezquitas o demás lugares religiosos donde pretenden ayudar a los musulmanes con problemas.

"Solo les dicen a qué ventanilla deben dirigirse; por supuesto, un yihadista o alguien en proceso de radicalización no dice que lo es", aseguran las fuentes quitando responsabilidad a estos organismos sociales.

Recibiendo ayudas después de muerto

Redouan Bensbih había nacido en Marruecos y vivía en Vizcaya. En marzo de 2014, con 26 años, luchó en la Operación al-Anfal, en la guerra de Siria, y allí murió peleando por la bandera de Al Qaeda.

Durante su estancia en España se radicalizó mientras cobraba una pensión de 836 euros al mes durante cinco años. Y, una vez muerto, su pensión siguió llegando y un amigo suyo se aprovechó acudiendo a sacar el efectivo de la cuenta en, al menos, una ocasión. Por fortuna, fue detenido por la Ertzaintza antes de que se hiciera de forma ilegal con más dinero procedente de la Renta de Garantía de Ingresos.

Este caso demuestra el proceso que los radicales siguen a la hora de cobrar estas ayudas: utilizando una cuenta abierta donde percibir la pensión y sacándola en efectivo para guardarlo en casa y evitar que sus movimientos económicos sean investigados.

Ayudas durante cinco años

Ahmed Bouguerba tenía 31 años y vivía en Bilbao. En 2016 fue condenado a tres años y medio de prisión por autoadoctrinamiento yihadista. Su móvil contenía gran cantidad de material del Daesh y Al Qaeda e imágenes de gran brutalidad. Además, se descubrió que mantenía contacto con un imán salafista radical que proclamaba la violencia islamista.

La Ertzaintza detuvo a Bouguerba en 2015 por su actividad radical en redes sociales, porque temían que fuera más allá. Hasta entonces, había estado cobrando durante cinco años una pensión de 625 euros procedente de la Renta de Garantía de Ingresos del País Vasco y 250 más en concepto de ayuda para el alquiler, tal y como cuenta el diario El Correo.

El yihadista boxeador

De nuevo en el País Vasco, Mehdi Kacem era un joven marroquí de 26 años que vivía en San Sebastián. Obtuvo la documentación gracias a una ONG que le ayudó para poder vivir del boxeo y trabajar como fontanero. De hecho, llegó incluso a pelear por el título de campeón de Guipúzcoa.

Pero a la vez que practicaba este deporte, se estaba adoctrinando en el yihadismo, tal y como afirma la sentencia judicial. Además, aprovechó su condición como deportista para propagar sus mensajes radicales entre otros jóvenes.

Del mismo modo que Bouguerba, cobraba 625 euros de ayudas por exclusión social y 250 euros más para poder pagar el alquiler.

Otros casos en el País Vasco

Ellos no son los únicos, ya que hay más casos. En diciembre de 2018, un hombre fue detenido en Vitoria por lanzar mensajes radicales de extrema violencia y tener varios cargos previos relacionados con el yihadismo.

El Gobierno vasco no duda en retirar las ayudas a este tipo de radicales, pues no es intención del Estado financiar a los supuestos yihadistas. Pero, lo que está claro, es que la actual brecha de seguridad existente supone un problema a la hora de gestionar este tipo de servicios sociales.

Las Fuentes de Seguridad con las que ha hablado El Español afirman que hay abiertas investigaciones para intentar combatir estos casos, pero no se sabe con exactitud la cantidad de personas en esta misma situación.

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