La sentencia de este viernes 17 de febrero viene a poner punto y final al conocido como caso Nóos, una trama de corrupción política dedicada al blanqueo de fondos públicos entre 2003 y 2009. Iñaki Urdangarín había sido imputado por los delitos de malversación, fraude, prevaricación, falsedad y blanqueo de capitales, mientras que la Fiscalía solo solicitaba una multa para la Infanta Cristina como colaboradora necesaria para el funcionamiento de la trama.
Tras ocho meses de deliberaciones, la Audiencia de Palma cierra el escándalo que ha salpicado a la Familia Real. La sentencia de más de mil folios condena a Iñaki Urdangarín a seis años y tres meses de cárcel y le impone una multa de 512.00 euros y siete años de inhabilitación. Para su exsocio, Diego Torres, la pena ha sido mayor elevándose hasta ocho años y siete meses de prisión con una multa de 1.700.000 euros. Ambos estaban imputados por las mismas causas, aunque Torres contaba con un delito fiscal menos, lo que no ha impedido que reciba una pena menor.
Por su parte, la infanta Cristina ha sido absuelta aunque tendrá que pagar una multa de 265.000 euros en concepto de responsabilidad civil. Cabe recordar que la fiscalía nunca ha ido contra la hermana del rey, sino Manos Limpias, personada como Acusación Popular, la que pedía ocho años de prisión por los dos delitos fiscales que le fueron imputados.
La sentencia de la infanta le sale a devolver
La infanta no solo ha contado con una sentencia favorable, sino que además la multa fijada le sale a devolver. El Tribunal que juzga el caso Nóos tendrá que devolver a la hermana del rey cerca de 300.000 euros. En 2015, la Audiencia impuso una fianza para la infanta Cristina de 587.413 euros tras aceptar un recurso contra una petición anterior de mucha más cuantía.
Teniendo en cuenta que la multa fijada es de 265.000 euros, la diferencia de cuantía entre lo que la infanta entregó al juzgado y lo que marca la sentencia define la cantidad a devolver (322.413 euros). Miquel Roca, abogdo de la infanta, ha explicado que "procede una devolución".
¿Por qué se ha juzgado a Urdangarín y la Infanta Cristina?
Durante el verano de 2007, el nuevo presidente balear, el socialista Francesc Antich, descubre un desfase de más 50 millones de euros en la construcción del polideportivo 'Palma Arena'. Ante las sospechas de que su predecesor, Jaume Matas, pudiera haber desviado fondos públicos en este contrato, el nuevo presidente dejó todo en manos de la Justicia.
Las autoridades empezaron a 'tirar del hilo', hasta que descubrieron toda una trama detrás. En 2010 estalla el 'Caso Nóos', simplemente una pieza separada del caso anterior, pero de mayores dimensiones.
En todo este entramado, tiene especial relevancia el 'Instituto Nóos', una supuesta entidad con fines sociales y sin ánimo de lucro que había presidido Iñaki Urdangarín desde el año 2003 y que había sido fundada por su mano derecha, diego Torres en 1999. Al parecer, la supuesta ONG estaba recibiendo contratos públicos amañados desde las administraciones valenciana, balear y madrileña.
El socio de Urdangarín, Diego Torres, aparecía como vicepresidente y la propia infanta Cristina ejercía como vocal hasta la salida de su marido, en 2006, así como el secretario de la infanta, Carlos García Revenga, estaba registrado como tesorero. Todo ello, para atribuir una imagen de mayor credibilidad a la institución.
Sin embargo, el juez instructor, José Castro, no comprendía cómo durante todos esos años, el Instituto Nóos había consegudio tantos fondos cuando se trataba de una institución sin ánimo de lucro.
Al parecer, Iñaki Urdangarín empleaba a 'Nóos' como sociedad pantalla para conseguir numerosos contratos públicos sin tener que pasar por un concurso público. A partir del pago que recibía Nóos, el dinero se repartía a través de un entramado societario distribuido a través de varias empresas radicadas en paraísos fiscales y que servían para ocultar un dinero obtenido de manera ilícita.
Para todo ello, era fundamental el papel de Urdangarín, cuya vinculación con la Casa Real le permitía acceder de manera directa a todos los presidentes autonómicos, nivel en el que mejor funcionó la trama.
De dicha forma siguieron operando hasta que en 2006 se encuentra la primera evidencia: el diputado socialista en el Parlamento balear, Antoni Diéguez, descubre un pago de 1,2 millones al Instituto Nóos para un Foro de Turismo y Deporte celebrado durante tres días y sin apenas repercusión. Según relatan varios medios, este suceso provocó que la Casa Real presionase para que tanto Urdangarín como la Infanta abandonaran la sociedad, algo que el propio Urdangarín confesó en sede judicial. Sin embargo, Nóos continuó con las operaciones hasta el estallido real del caso.
¿Qué alegaron Urdangarín y la Infanta Cristina?
Urdangarín declaró en febrero de 2012 que no se encontraba relacionado a la gestión del Instituto Nóos -a pesar de ser el jefe- y desvinculó completamente a la Infanta. Por su parte, la Infanta Cristina ha asegurado que desconocía en todo momento las actividades de su marido, así como las cuentas y el dinero que entraba.
La acusación de Manos Limpias asegura que la Infanta Cristina fue colaboradora, puesto que aparece en el 50% del Consejo de Administación de Aizoon, una de las sociedades que servían para el devío de fondos públicos. Como la declaración de Hacienda de la sociedad no concuerda con la realidad, se considera que ella podría haber también ocultado el dinero. Todo ello podría suponer hasta dos delitos fiscales.
Las facturas
Los Duques de Palma llegaron a cargar a Aizoon facturas de 6.000 euros por el catering de sushi del cumpleaños de la Infanta hasta un viaje a Mozambique en 2008. Junto a todo ello, botellas de vino por 1.300 euros o dos noches de hotel en Nueva York por 800 euros. Recordemos que Aizoon contaba con todo el dinero que ambos podrían haber obtenido ilícitamente de las Administraciones Públicas.
