El ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro durante el mandato de Mariano Rajoy (PP) ha sido imputado por el Juzgado número 2 de Tarragona. La investigación sobre él arrancó en 2018 por, presuntamente, beneficiar.a empresas gasistas desde su cartera.
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La causa permanecía hasta ahora bajo secreto de sumario, pero el magistrado ha constatado la "existencia de una organización en la que muchos de los intervinientes habrían desempeñado altos cargos en el Gobierno y la Administración central, desde donde habrían creado una red de influencias cuyo fin último sería la obtención de un lucro económico".
Esta forma de actuar, según el auto que incluye la imputación de 28 personas incluidos miembros de su cúpula ministerial, favorecía reformas legislativas para beneficiar a determinadas empresas valiéndose de las influencias de Montoro en la Administración de Mariano Rajoy.
La trama empleaba presuntamente el despacho de abogados Equipo Económico (EE), ahora renombrado Global Afteli, que había fundado el ex ministro en 2006. Las sociedades beneficiarias, que estaban englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), habrían logrado la aprobación de, al menos, dos rebajas fiscales entre 2013 y 2018.
Vinculación del despacho a la trama
El juez ha emitido un auto de imputación en el que señala que Cristóbal Montoro habría nombrado entre sus altos cargos en el Ministerio de Hacienda a "personas estrechamente vinculadas al despacho EE", para la redacción de anteproyectos de ley y proyectos de reglamentos "'a demanda' de las empresas investigadas tras un pago. De este modo, se permitía "el control de los órganos con competencias decisivas", quedando vinculado al despacho que había fundado y del que fue presidente y consejero hasta 2008.
En el caso también aparecen como investigadas una decena de personas, entre las que destacan el ex secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre; la ex subsecretaria de Estado de Hacienda, Pilar Platero, el ex asesor del gabinete del ministro, Rogelio Menéndez, el ex director de gabinete, José María Buenaventura y el ex director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez.
Además, el juez del caso también ha imputado a otras 14 personas, que forman parte de Equipo Económico y del resto de empresas implicadas. A ellos se les imputan presuntos delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
El auto judicial expone la "existencia de una organización" que, a cambio de "importantes pagos y con presunto abuso del ejercicio de la función pública", trabajaba en las modificaciones legislativas que las asociadas de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) demandaban.
La trama, en todo caso, gira siempre en torno a la sociedad Equipo Económico (EE) y sus socios, según el juez, que destaca que al menos en dos ocasiones los asociados de la patronal acudieron a dicha sociedad para emplear su "red de influencias" buscando legislaciones "en base a sus intereses".
Mediante la contratación de dicha consultoría, se lograron objetivos a los que no habrían tenido acceso en caso de contratar a otra sociedad. Se trata de una rebaja del impuesto especial sobre la electricidad en 2013 y una rebaja fiscal en el impuesto de Actividades Económicas en 2018, lo que habría beneficiado a las gasistas.
Los correos intervenidos en la causa señalan a EE como "acceso al Ministerio de Hacienda para lograr reducciones impositivas" y como la "vía más directa, que tiene contacto directo con el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro". Además, se contrató a la consultar EY para que, presuntamente, hiciera "el trabajo efectivo con el que ocultar presuntamente la falta de consistencia del informe elaborado por EE". El juez señala en todo momento que los pagos a EE buscaban un acceso directo a Hacienda para lograr los intereses buscados.
Equipo Económico se ha pronunciado mediante un comunicado en el que niega rotundamente su participación en una trama para lograr modificaciones legislativas y señala que Cristóbal Montoro se desvinculó de la sociedad en 2008. Por su parte, AFGIM argumenta que contrató a esta sociedad para asesorameinto en la aplicación de una directiva europea que permitía a los Estados "exonerar o moderar" el impuesto a actividades industriales, que se hizo junto a otras grandes consultoras globales, sin mencionar a EY.
