Las reacciones desde los distintos sectores de la sociedad no se han hecho esperar tras el anuncio del primer acuerdo para un Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Según informa El Diario, la Iglesia estaría profundamente preocupada, pues consideran que este gobierno podría poner cerco a sus privilegios fiscales y educativos.
"Hemos jugado con fuego, y ahora podemos quemarnos". Son las palabras de un obispo español ante la preocupación que se respira en la Conferencia Episcopal Española (CEE), cuya Asamblea Plenaria arranca hoy.
En ella está previsto que se analice la línea de actuación y la estrategia de los obispos con respecto al posible nuevo gobierno. Por una parte, están los que apuestan por oponerse al Ejecutivo, mientras que otros abogan por tender la mano, esperar y no mezclarse en política.
Los expertos tienen claras las bases necesarias para que todo vaya bien: "Sana independencia y mutua colaboración". El presidente de la CEE, Ricardo Blázquez, no ha enviado la habitual carta al ganador de las elecciones para felicitarle, aunque se espera que lo haga hoy durante el discurso inaugural.
Los privilegios a los que se podría hacer frente
Por el momento, se calcula que en pocos meses el Gobierno podría establecer una línea de actuación frente a los privilegios de la Iglesia, un asunto que apenas se ha tratado durante la campaña. Se podría hacer frente a temas como las inmatriculaciones, al pago del IBI, la regulación de los conciertos educativos, el futuro de la clase de Religión o la casilla a favor de la Iglesia en la declaración de la renta.
Parece que en esta ocasión los socialistas están dispuestos a denunciar los Acuerdos Iglesia-Estado y cambiarlos por un convenio internacional con el Estado Vaticano, que regule las relaciones con la Iglesia católica, pero sin los privilegios actuales, siguiendo las pautas de una sociedad laica.
Fracia sería el país perfecto donde mirarse, aun siendo conscientes de que llevan más de un siglo con la ley que consagra la laicidad. En el país vecino las Iglesias son propiedad del Estado, como se ha comprobado en el reciente incendio de Notre Dame.
En los últimos días, las declaraciones de la portavoz del Gobierno y ministra de Educación en funciones, Isabel Celáa, han causado revuelo. Celáa afirmaba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la libre elección de centro de enseñanza no está amparada por la Constitución, aunque señaló que las familias tienen "libertad para hacerlo y no tienen nada que temer".
