El PP "ha roto todas las líneas rojas" y "no dejaré que mancillen mi nombre y mi gestión". Así se ha defendido la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, durante su comparecencia ante los medios tras registrarse varias peticiones de dimisión por la trama balear del 'caso Koldo', que ya ha provocado la salida de José Luis Ábalos del Grupo Socialista, en la compra de mascarillas.
La tercera autoridad del Estado se ha visto salpicada por este caso y, por el momento, cuenta con el apoyo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha achacado todas las acusaciones a "una campaña de difamación" desde el Partido Popular. También ha recibido el apoyo de Sumar, socio de coalición en el Ejecutivo, cuyo diputado Gerardo Pisarello ha expresado en rueda de prensa que sus explicaciones fueron "claras y solventes".
"Ni yo ni nadie de mi Gobierno está siendo investigado, ni sale en el sumario, ni nada de nada. Pido responsabilidad al PP y que estén a la altura de las circunstancias. Yo voy a defender mi nombre, el de mi Gobierno y el de la institución porque los ciudadanos no se merecen según qué espectáculos", ha defendido Armengol, antes de exigir al PP balear que explique todas las acusaciones "con documentos".
La ex presidenta de Baleares ha defendido durante su comparecencia que en ningún momento recibió "órdenes" o "presiones" desde la trama Koldo para al compra de mascarillas, y que esta circunstancia tampoco se produjo para descartar la reclamación de parte del material cuando presidía el Gobierno del archipiélago y que todas las decisiones fueron adoptadas exclusivamente por los técnicos del Servicio Balear de Salud.
¿Por qué se pide la dimisión de Armengol?
La Fiscalía Europea ha abierto una investigación este lunes 4 de marzo por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias en los contratos firmados desde los servicios de salud de Islas Baleares y Canarias por el suministro de mascarillas durante la pandemia.
En el caso de Baleares, la adquisición de estos materiales se realizó en abril de 2020, correspondiente a la compra de 1.480.000 mascarillas FFP2 a la empresa Soluciones de Gestión, que actualmente se encuentra inmersa en la 'trama Koldo'. Su entrega se produjo dos días antes de la declaración por tramitación de emergencia, a pesar de que la Ley de Contratación del Sector Público establece que los contratos no se pueden ejecutar antes de su formalización.
En este pedido se invirtió 3,7 millones de euros, y una parte del material resultó defectuoso, puesto que realmente se recibieron mascarillas de peor calidad, de tipo quirúrgico. Por este motivo, se ha iniciado una reclamación, tres años después, de 2,6 millones de euros que todavía no se ha resuelto y que ahora depende del actual Gobierno balear, que dirige en estos momentos Marga Prohens (PP).
El Servicio de Salud de Baleares retiró en su momento la distribución de estas mascarillas, que nunca llegaron a emplearse y quedaron almacenadas como stock de seguridad. En la actualidad no tienen ninguna capacidad de uso, puesto que ya han superado su fecha de caducidad.
La reclamación para exigir la devolución de 2,6 millones de euros se realizó en marzo de 2023, tres años después de su compra. Fue firmada por el subdirector de la Central de Compras y Logística, Antoni Mascaró Crespí el 5 de mayo de 2023. Fue el mismo técnico que realizó la compra. Esta solicitud se firmó, además, tan solo un día antes de que la sucesora de Francina Armengol, Marga Prohens (PP), accediese al cargo.
El técnico que firmó esta reclamación también había firmado otro documento, el 12 de agosto de 2020, en el que afirmaba que la recepción de las mascarillas por parte de Soluciones de Gestión se había realizado "de manera satisfactoria", a pesar de que se había retirado una parte del lote hacía dos meses por ser defectuoso.
El PSOE ha explicado en este contexto que las mascarillas no se devolvieron en ningún momento para garantizar siempre la disponibilidad de stock, que podían igualmente emplearse como mascarillas quirúrgicas en caso de necesidad.
Cabe destacar, además, que el precio establecido por las mascarillas en el contrato firmado desde el Gobierno de Armengol con la empresa Soluciones de Gestión fijaba un precio muy superior a la media para las mascarillas, en 2,076 euros por unidad.
El actual Gobierno autonómico ha centrado precisamente en este dato su reclamación y la actual presidenta, Marga Prohens, ha anunciado que personará a su administración en el trámite judicial iniciado por la firma de este acuerdo.
