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Feijóo se equivoca y vota a favor de la reforma reforma del Gobierno para renovar el TC

Desde Génova explican que la equivocación, que no ha cambiado el resultado de la votación, ha sido un error "humano".

Feijóo se equivoca y vota a favor de la reforma reforma del Gobierno para renovar el TC

Un miembro del PP se ha equivocado en la hora de votar y esta vez no ha sido Alberto Casero (el diputado que votó a favor de la Reforma Laboral y que permitió que saliera adelante). Esta vez ha sido el mismísimo presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo.

El gallego se ha confundido durante la votación de la reforma de la ley del Poder Judicial con la que el Gobierno de Pedro Sánchez busca desbloquear el nombramiento de cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que sustituyan a los que acaban de agotar mandato.

Los populares siempre se han mostrado en contra de esa reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), al considerar que la intención del Ejecutivo es controlar el TC, por lo que tanto en el Congreso como en el Senado han votado en contra. Aunque Feijóo haya pulsado el botón del 'sí'.

Su error, en este caso, no cambia nada pues la norma ha salido adelante como se esperaba. La reforma exprés se ha aprobado con 147 síes y 110 en contra. Esto permitirá renovar el Constitucional y abre la puerta a que sea con una mayoría progresista.

Desde Génova explican que se ha tratado de un error "humano". "Es humano y se ha equivocado", apuntan. Hay que recordar que los populares exigieron al Gobierno que retirase la reforma para sentarse a negociar la renovación del CGPJ. Era "una línea roja", dijeron.

Feijóo no ha sido el único en equivocarse. También lo han hecho en esta votación dos senadores del Grupo Socialista, la salmantina María Elena Diego Castellano y el granadino Alejandro José Zubeldia Santoyo, que en este caso han votado en contra de la reforma impulsada por su propio grupo parlamentario.

Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial

La proposición de ley que ya ha salido adelante permite que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pueda nombrar a los dos magistrados del tribunal de garantías que le corresponden pese a estar en funciones.

La idea es permitir que el CGPJ caducado pueda renovar las dos plazas que le corresponden en el Constitucional para que, así, el Gobierno pueda igualmente completar las dos vacantes que le competen. Acometiendo la renovación de estos cuatro magistrados, el Constitucional pasará previsiblemente a tener en septiembre una mayoría progresista.

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