Tras una jornada intensa de protestas, concentraciones, barricadas, bloqueo de carreteras y gritos de consignas en contra de la represión policial y de la actitud del Gobierno de Mariano Rajoy, el jefe del Estado aparecía en todas las cadenas de televisión para transmitir un discurso directamente a la sociedad catalana y al resto de españoles. Sin embargo, para muchos, Felipe VI repetía el argumentario del PP.
"Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Y en estas circunstancias, quiero dirigirme directamente a todos los españoles" comenzaba el Rey a dar cuerpo a sus palabras. Felipe VI acusaba a las autoridades catalanas de quebrantar la ley, el Estado de derecho y enfrentar a la sociedad creando una fractura muy difícil de superar. Sin embargo, se olvidó de mencionar algunas cosas.
Un discurso que entierra el diálogo
El discurso no era muy distinto de los que diferentes miembros del Gobierno han ido exponiendo a lo largo de los últimos meses. "Asegurar el orden constitucional" y "defender ideas dentro del respeto a la ley", aseveraba. Pese a todas estas generalidades que ya han escuchado mil y una veces tanto los catalanes como el resto de españoles por parte de los partidos constitucionalistas, la sociedad en su conjunto echó en falta una alusión expresa y directa al diálogo a todas las administraciones y una condena -o al menos unas disculpas hacia los heridos- a la actuación desproporcionada de la Guardia Civil y la Policía Nacional que hasta la ONU ha pedido investigar de manera imparcial.
La expectación por las palabras del máximo responsable del Estado español era muy elevada. Ante la inacción del Gobierno de Mariano Rajoy y la huida de los dirigentes catalanes hacia un callejón de salida incierta, los españoles esperaban un discurso diferente que, de verdad, llamara a retomar el diálogo a todas las partes que intervienen el conflicto. Ante la gravedad de la situación -expresada por el mismo Felipe VI- la neutralidad del Jefe del Estado no puede ser excusa para intervenir en un enfrentamiento que está resquebrajando ese Estado del que es la máxima figura institucional y constitucional.
Firmeza contra los golpistas y omisión a la represión policial
Muchos catalanes que ayer escucharon este discurso en el que solo acusaba a los independentistas de quebrantar la ley, la unidad de España y de traicionar al conjunto del país, se sintieron decepcionados ya que se ha ahondado aún más la brecha existente entre los diferentes pueblos. Ya el pasado 1 de octubre se entró en un camino incierto en el que la desconexión de Cataluña con el resto de España se hizo más evidente. Miles de personas que no son independentistas e incluso que no habían ido a votar, abarrotaron las calles para mostrar su repulsa por la represión policial y dar su apoyo a todos aquellos que se jugaron la integridad física para poder votar.
Si Felipe VI quería armonizar el país aludiendo a las normas establecidas y al argumentario que utiliza el PP día sí y día también, ha provocado el efecto contrario. En un momento tan delicado como el que se está viviendo en Cataluña con el "parón de país" que está afectando directamente a la economía de la comunidad y del resto de España, el deber del Rey era, como mínimo, hacer una llamada al diálogo expresa tanto a Rajoy como a Puigdemont. E incluso pedir nuevos interlocutores si los ya existentes son incapaces de asegurar la convivencia en el país.
Asimismo pese a que su obligación constitucional sea estar con la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado porque son las encargadas de mantener el orden y el respeto a la ley, cuando se sobrepasan en su actuación e incluso la comunidad internacional condena unánimemente la violencia, el máximo responsable y representante del Estado debe condenar unos actos propios de una dictadura y estar del lado de las víctimas.
El diálogo parece ser una utopía en un país en el que sus dirigentes no son capaces de sentarse en una mesa a debatir sin imposiciones ni unos mínimos. Cuando se pretenden cambiar las normas del juego, no es posible imponer esas normas cueste lo que cueste hasta para iniciar un proceso de debate.
