La decisión de la Fiscalía General del Estado de ordenar una investigación sobre los ayuntamientos que pretenden colaborar con el referéndum y llevar a cabo la detención de 712 alcaldes que no comparezcan ha dividido al mundo judicial y de la política. Algunas fuentes del Tribunal Constitucional ven esta amenaza innecesaria.
Los alcaldes que presiden el 74% de los municipios catalanes han sido llamados a declarar como imputados en las sedes de la Fiscalía por presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos.
El fiscal general, José Manuel Maza, ha señalado que en el caso de no presentarse a declarar, serán detenidos y llevados a la Fiscalía por parte de los Mossos d'Esquadra en un breve periodo de tiempo.
Diversos colectivos afirman estar en concordancia con las decisiones que ha tomado hasta ahora el Gobierno de Mariano Rajoy para frenar el referéndum ilegal. Sin embargo, están totalmente en desacuerdo con esta medida de la Fiscalía ya que se trataría de una "judicialización de la política" según ha declarado el portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, a la web eldiario.es.
Los partidos mueven ficha
En el Congreso de los Diputados los parlamentarios catalanes han solicitado la comparecencia del Fiscal General con el apoyo del PNV, socio del PP en la aprobación de los últimos Presupuestos Generales del Estado.
Entre las voces de los partidos políticos, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha apostado por un referéndum pactado asegurando que ganaría la permanencia de Cataluña en España. Asimismo, Iglesias afirma que el PP es una máquina para crear independentistas y que el problema se agravará si continua en el gobierno.
Por su parte, el partido socialista liderado por Pedro Sánchez no ha querido comentar las actuaciones de los jueces. Sin embargo, su rama en Cataluña, el PSC, ha culpado directamente a Puigdemont de la decisión de la Fiscalía por llevar a cabo una política de acoso y derribo hacia los consistorios catalanes.
En las últimas semanas, diferentes alcaldes del PSC han recibido todo tipo de amenazas e insultos por tomar la decisión de no colocar las urnas y de respetar la legalidad. Ante estos hechos, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha animado a los ciudadanos a pedir directamente a sus alcaldes que colaboren.
