Cuatro años después del punto álgido de la pandemia de coronavirus, los familiares de las víctimas en residencias de la Comunidad de Madrid continúan buscando justicia y exigiendo una explicación clara sobre lo sucedido en los centros de cuidados para mayores, cuya gestión recae en el ámbito autonómico. Esta responsabilidad recae en el equipo dirigido por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, hasta el momento, sus interrogantes siguen sin ser respondidos.
Mortalidad mayor que en otras comunidades
Solo entre los meses de marzo y abril, durante la primera ola de la pandemia, fallecieron 9.468 personas en residencias de la Comunidad de Madrid, de las cuales 7.291 lo hicieron sin recibir atención hospitalaria.
Los informes apuntan a que la mortalidad en la región fue claramente mayor a la de otros puntos del mapa. Así se evidencia, por ejemplo, de un estudio de junio del 2023 publicado en la revista Epidemiología, según el cual la mortalidad en las personas residentes que no fueron hospitalizadas superó el 40% en Madrid, mientras que en otras comunidades osciló entre el 7,7% y el 25,9% en el peor de los casos. En dicho análisis participaron ocho autonomías.
Los informes indican que, a diferencia de lo observado en otras comunidades autónomas, en Madrid la mayoría de los fallecimientos ocurrieron en residencias en lugar de hospitales, lo que sugiere una conexión directa con las decisiones tomadas respecto al traslado de pacientes.
Este hecho cobra una gran relevancia al recordar la controversia en torno a la gestión de Ayuso, especialmente por los conocidos como 'protocolos de la vergüenza' que impedían el traslado de residentes a hospitales. A pesar de ello, las organizaciones aún resaltan la falta de transparencia en la divulgación de información completa al respecto.
Quejas sobre los procedimientos de traslado desde residencias
La cuestión ha llegado a los juzgados en varias ocasiones. Entre otros meses, en noviembre de 2023 la Audiencia Provincial de Madrid ordenaba a una jueza que reabriera una causa penal contra la líder regional por el fallecimiento de siete mayores en una residencia de Ciudad Lineal en relación con el protocolo de derivación a hospitales que dictó su ejecutivo.
En paralelo, un juzgado de Collado Villalba investigaba a Ayuso, Ruiz Escudero y Enrique López. En el procedimiento declararon el exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, y el exdirector general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur.
Abandono en el centro de mayores
Este lunes 12 de febrero se han revelado 205 actas policiales que Ayuso intentaba ocultar, las cuales evidencian el abandono por parte de la administración hacia los trabajadores interinos, así como las dificultades a las que se enfrentaban tanto los pacientes como el personal sanitario.
Algunos de estos registros ya eran de dominio público, pero otros revelan las difíciles circunstancias que enfrentaron quienes estaban en centros de mayores durante los primeros meses de la pandemia de coronavirus.
Un caso destacado es el del 5 de abril de 2020, cuando la directora de la residencia Ballesol solicitó con urgencia que se retiraran los cuerpos de tres personas mayores que habían fallecido y aún permanecían en el centro. Uno de ellos había fallecido 48 horas antes, mientras que los otros dos murieron el día anterior. Es importante señalar que algunos centros, como el mencionado anteriormente, encabezaron la lista de denuncias presentadas por Marea Residencias.
