El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves, 14 de marzo, la Ley de Amnistía con 178 votos a favor y 172 en contra. El voto favorable en la Cámara Baja ha llegado dede PSOE, Sumar, Junts, ERC, PNV, EH Bildu, Podemos, BNG y José Luis Ábalos, mientras que en contra han votado PP, VOX, UPN y Coalición Canaria.
La norma será enviada posteriormente al Senado, donde podría comenzar a tramitarse durante la próxima semana y que el PP promete demorar el máximo plazo, dos meses que marca el reglamento.
De este modo, si se cumplen todos los plazos iniciales y se extienden al máximo como afirma el PP, la norma estaría aprobada definitivamente a finales de mayo o principios de junio. La aprobación de esta ley coincidirá, además, con la recta final de las elecciones en Cataluña del 12 de mayo y la carrera electoral hacia las próximas elecciones al Parlamento Europeo, que se celebrarán el 9 de junio.
¿Qué es la Ley de Amnistía?
La amnistía no se contempla como un indulto, aunque sea muy similar en la práctica, sino que supone perdonar el delito en lo penal, aunque se mantenga la condena, y supone que los responsable de los delitos ya no serían juzgados.
Su diseño ha provocado divisiones en el ámbito de la justicia. No está prohibida expresamente en la Constitución y en esta vía se ha barajado su encaje legal, sin embargo, también se ha planteado que se podría corresponderse con un indulto general, prohibido en el artículo 62 de la Constitución.
También han generado reticencias algunos casos. El juez Manuel García Castellón, encargado del caso 'Tsunàmi', ha mostrado sus dudas en su aplicación a algunos cargos políticos, en especial al ex presidente Carles Puigdemont. Tampoco lo contempla el juez Joaquín Aguirre, encargado del caso 'Voloh', que investiga las interferencias rusas en el procés, y que opina que los vínculos de Puigdemont y su entorno con diplomáticos rusos y sus maniobras de desestabilización territorial implican al ex presidente en la trama.
La Ley de Amnistía abarca un plazo entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023. Borra toda la responsabilidad penal, administrativa o contable que pueda afectar a aquellos delitos vinculados con el procés y por los que todavía se afrontan cuestiones judiciales relevantes, especialmente contra el ex presidente catalán, Carles Puigdemont.
El texto ha sufrido diversas modificaciones, entre ellas, eliminar la exclusión de los delitos de terrorismo con sentencia firme, de modo que solo se contemplarían aquellos que hubiesen causado "violaciones graves de derechos humanos y en el derecho internacional humanitario". Se ajusta la norma a la legislación de la UE para desvincularse del Código Penal español.
Además, no se quedan suspendidas las medidas cautelares que se han impuesto para algunos líderes del procés en caso de interponer un recurso, como las órdenes de búsqueda y captura contra Carles Puigdemont o Marta Rovira, ambos actualmente en el extranjero.
Otros aspectos de la norma se encuentran sobre determinados delitos, como alta traición y contra la paz o la independencia del Estado también se excluyen de la Amnistía, pero solo con excepciones, "siempre que se haya producido tanto una amenaza efectiva y real, como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de España".
También se contempla el delito de malversación, que será incluida en la amnistía, únicamente cuando estén relacionados a "financiar, sufragar o facilitar" todas aquellas cuestiones vinculadas con el desarrollo del procés, pero nunca cuando se ha producido un enriquecimiento personal.
En cuanto a las multas vinculadas al procés, no se contempla el derecho a restituir el dinero, salvo cuando se trata de infracciones "muy graves" en función del criterio recogido en la ley de protección de la seguridad ciudadana o cuando lo decida la Administración según su "criterio".
La Comisión de Venecia visitó España el 8 de febrero a propuesta del Senado y con motivo de elaborar un informe sobre la Amnistía. El borrador de este texto, que previsiblemente será aprobado en una sesión el 15 y 16 de mayo, avala la norma ajustándose a varios requisitos, como garantizar siempre la separación de poder, aunque critica su tramitación de urgencia y que las leyes de esta naturaleza no deben "diseñarse para cubrir a individuos concretos".
