La organización Amnistía Internacional ha desmontado las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la situación de las residencias de ancianos durante la pandemia del coronavirus. La líder del Gobierno regional ha afirmado que "en Madrid se hizo lo imposible por salvar cada una de las vidas de los mayores, quienes, como en todas partes, fallecieron en residencias, en domicilios y en hospitales" e incluso ha señalado que "iban a morir igual". "Están a un paso de acusarnos de genocidio", ha llegado a afirmar.
En este contexto, Más Madrid ha invitado a Carmen Miquel Acosta, representante de Amnistía Internacional y coautora del informe 'Abandonados a su suerte', en el que la asociación de derechos humanos ha denunciado lo ocurrido en las residencias públicas de mayores durante la pandemia del coronavirus.
Su intervención se ha producido en el marco de la Comisión de Familias y Asuntos Sociales de la Asamblea de Madrid, donde ha denunciado la "situación de desamparo" de los ancianos que durante la primera ola de la pandemia se encontraban en estos centros.
Miquel ha explicado que en la Comunidad de Madrid se aplicaron lo que ha denominado como "protocolos de la vergüenza", que vulneraron cinco derechos humanos fundamentales: el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la no discriminación, el derecho a la vida privada y familiar; y el derecho a una muerte digna.
"Abandonadas a su suerte"
Durante su comparecencia, la experta de Amnistía Internacional ha trasladado que las personas mayores en las residencias de Madrid "quedaron abandonadas a su suerte" durante este período ni se reforzó el sistema sanitario como correspondía.
La representante de la ONG ha insistido durante su comparecencia en la necesidad de cambiar el modelo de residencias en toda España, con el objetivo de garantizar los derechos de los residentes y fortalecer la transparencia en la inspección.
Durante la pandemia se fijó el veto al traslado de ancianos, especialmente entre el 9 de marzo y el 5 de abril de 2020, que también fue especialmente marcado en la etapa situada entre el 16 y 29 de marzo. "Documentamos violacioens de derechos humanos de personas mayores que vivían en residencias, especialmente en la primera ola, de marzo a mediados de abril de 2020, en Madrid y Cataluña".
"La decisión práctica de no derivar se aplicó de manera automatizada, en bloque, sin valoraciones individualizadas", ha expuesto Miquel, que ha denunciado que esta práctica fue "generalizada" en el trato a las personas mayores durante la peor época de la pandemia.
El PP ha respondido en dicha comisión. La diputada del PP, María Inmaculada Pérez Bordejé, que fue concejal de Asuntos Sociales, Familia, Mujer e Infancia en Boadilla, ha afirmado que le "decepciona Amnistía Internacional" y ha comparado la comisión con un tribunal de la "Santa Inquisición", "vienen a hacer un auto poco menos que de fe", ha afirmado.
