La justicia ha condenado a una activista del controvertido grupo de protesta feminista, Femen, a un año de cárcel por arrojar al ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz un ejemplar de la Constitución Española durante una protesta contra la Ley Mordaza en 2015. La mujer ha aceptado esta pena tras haber sido rebajada la petición inicial de la Fiscalía de 15 meses de prisión.
Durante la celebración del juicio, la acusada ha reconocido los hechos sucedidos durante su protesta. Sin embargo, aclaró a los jueces que en ningún momento utilizó la violencia como modo de protesta y que solo estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión.
La intención de esta activista de Femen, según su versión, era entregarle en mano un ejemplar de la Constitución de 1978 al ex ministro de Interior para mostrar así su rechazo a la norma represiva aprobada durante el tiempo que estuvo ejerciendo su cargo en el Gobierno de Mariano Rajoy.
Condena rebajada
Inicialmente, la Fiscalía del Estado solicitaba para la protestante hasta 15 meses de prisión y la acusaba de delitos de atentado contra una autoridad pública y desórdenes públicos por el simple hecho de intentar trasladar su discordancia con la Ley Mordaza al exdirigente.
Sin embargo, tras el reconocimiento de los hechos y las explicaciones oportunas, la Fiscalía rebajó la petición a un año de prisión que ha sido finalmente aceptada. Asimismo, retiró la acusación por desórdenes públicos aunque ha mantenido el delito de atentado contra la autoridad. Además, le ha reclamado el pago de una multa de más de 1.000 euros y la posibilidad de que se le impongan medidas sociales.
Por su parte, la defensa de la activista de Femen ha pedido a los jueces que la multa quede rebajada hasta los 360 euros.
Este grupo de manifestantes femeninas destaca por presentarse en espacios públicos con el torso descubierto, con mensajes escritos en su cuerpo y enseñando los pechos para mostrar su rechazo ante las injusticias sociales que consideran oportunas. Hace varios años irrumpieron en el Congreso de los Diputados para rechazar la reforma que pretendía llevar a cabo Rajoy con respecto a la norma del aborto aprobada por Zapatero durante su gobierno progresista al grito de "el aborto es sagrado".
Una ley condenada a desaparecer
La Ley de Seguridad Ciudadana aprobada durante 2014 por el Gobierno de Mariano Rajoy o conocida popularmente como Ley Mordaza estaba condenada a desaparecer desde sus inicios. La oposición se conjuró entonces para desmantelarla en cuanto el PP perdiera la mayoría absoluta que le otorgaron los comicios de 2011.
Esta norma fue recurrida al Tribunal Constitucional y cuestionada por la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril. Tras la irrupción de las nuevas formaciones políticas como Podemos y Ciudadanos en el Congreso de los Diputados y la fragmentación del mismo, los grupos comenzaron el desmantelamiento parlamentario de la norma.
Esta ley mordaza destaca, entre otras cosas, por endurecer las sanciones contra las manifestaciones no autorizadas y relegar algunas decisiones judiciales a la subjetividad de la autoridad policial.
