7.291 personas murieron en las residencias de la Comunidad de Madrid entre marzo y abril de 2020, en lo peor de la pandemia del coronavirus, sin ser trasladados a hospitales. Según el informe de la Comisión Ciudadana por la Verdad, si no se hubieran aplicado criterios "discriminatorios" se podrían haber salvado 4.000 vidas.
Cuatro años después de esta tragedia, la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha reclamado por carta el dinero de la residencia a aquellas familias que perdieron a sus familias, según adelanta Cadena Ser.
En estas misivas, firmadas por el director general de Atención al Mayor y a la Dependencia, Óscar Álvarez López, se les reclama el dinero por los días de marzo y abril que estuvieron sus allegados en los centros de mayores antes de morir. Las cuantías oscilan entre los 600 y los 900 euros.
Las familias no dan crédito y han expresado su indignación también en Cadena Ser, que recoge alguno de sus testimonios. Ángela Armingol, quien perdió a su padre de 89 años en el centro de mayores Amavir Valdebernardo (Madrid) el 2 de abril de 2020, se reconoce "completamente paralizada" y "en shock". "La he leído por arriba, por abajo, por delante y por detrás porque me parecía increíble", expresa.
María de Álvaro, cuyo padre de 94 años falleció sin recibir atención hospitalaria el 5 de abril de 2020, en la residencia Ensanche de Vallecas, también evidencia su enfado: "Se murió porque unos decidieron que no tenía derecho a recibir una atención sanitaria digna". "Es como si el asesino de mi padre ahora me reclamara el dinero de la bala. La sensación es esa, de repugnancia", lanza.
Ninguna de las dos familias, así como otras, van a abonar el dinero, según han confirmado. "
"No sé por qué no se cobraron a su debido tiempo", cuestiona Armingol, que no aparta la idea de iniciar una reclamación patrimonial contra la Comunidad de Madrid, así como un recurso de reposición al Tribunal Económico-Administrativo.
La justificación de la Comunidad de Madrid
Desde la Consejería de Asuntos Sociales se justifica la decisión porque "todas las administraciones públicas están obligadas por la legislación estatal a requerir a los ciudadanos sus deudas". Además, apuntan que "la legislación estatal no estableció ninguna excepcionalidad con las deudas pendientes durante la pandemia".
'Protocolos de la vergüenza'
Durante los peores meses de la pandemia, llama la atención las pocas inspecciones en residencias que realizó la Comunidad de Madrid: tan solo 11. Aún así confirman los datos que indicaban las más de 200 actas que realizó la Policía Municipal.
El 76% de los mayores que fallecieron a causa del coronavirus en residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid entre los meses de marzo y abril de 2020 lo hicieron en los propios centros sin ser trasladados a los hospitales, según se desprende de las actas de las inspecciones sanitarias de oficio realizadas por la Consejería de Sanidad madrileña, a las que ha tenido acceso la Cadena Ser.
Esto es debido a que a finales de marzo de 2020, la Comunidad de Madrid aprobó los conocidos como 'protocolos de la vergüenza', que impedían que se trasladara a los hospitales de la región a usuarios de residencias si no tenían un seguro privado.
