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Política

La Audiencia Nacional imputa y cita a declarar a Trapero acusado de un delito de sedición

Los hechos por los que se le juzga se produjeron el 20 de septiembre cuando miles de personas intentaban impedir los registros de la Guardia Civil.

El juez que está llevando a cabo la investigación de los disturbios producidos el pasado 20 de septiembre ha ordenado declarar al jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. Así, tendrá que comparecer como imputado por un presunto delito de sedición al no atender la llamada de ayuda en hasta seis ocasiones de la Guardia Civil cuando se encontraban acorralados por cientos de manifestantes.

Asimismo, la magistrada Carmen Lamela ha citado a declarar como imputados por el mismo delito a Jordi Sànchez y Jordi Cruixart, presidentes de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) y la asociación Òmnium Cultura respectivamente. Además, la encargada del operativo de los Mossos durante esa jornada, Teresa Laplana Cocera, también ha sido requerida por la justicia.

Los manifestantes rodean a la Guardia Civil

Los manifestantes acorralan a la Guardia Civil "Los manifestantes acorralan a la Guardia Civil"

Durante el pasado 20 de septiembre, el juzgado número 13 de Barcelona ordenó a la Guardia Civil a llevar a cabo unos registros en diferentes sedes gubernamentales de la Generalitat para incautar material referido a la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. Asimismo, se produjo la detención de varios altos cargos del gobierno catalán. 

Sin embargo, cuando se encontraban realizando su labor, los guardias civiles se vieron rodeados por cientos de manifestantes que fueron convocados a través de las redes sociales y alentados por los presidentes de la ANC y Òmnium Cultura.

Tras verse acorralados por la turba de manifestantes, la Guardia Civil requirió la ayuda de los Mossos hasta en cuatro ocasiones para poder salir del lugar. Sin embargo, la respuesta de la encargada del dispositivo de los Mossos, Teresa Laplana, ahondó más la brecha entre ambos cuerpos policiales. Laplana aseguraba que no podía ayudarles y que su deber era "mantener la situación". Asimismo, la mosso respondió al teniente de la Guardia Civil que no se trataba de una masa violenta de ciudadanos y que no afectaba a la seguridad, por lo que no solicitaría la movilización de las unidades de apoyo de los Mossos.

El teniente de la Guardia Civil solicitó ayuda urgente hasta en seis ocasiones a la policía catalana recurriendo al conducto normativo. Algo que fue completamente ignorado, hasta que una orden de un juez les obligó a intervenir para liberar a los cuerpos policiales atrapados en el edificio de la Consejería de Economía de la Generalitat a la mañana siguiente.

Por otro lado, el presidente de la ANC, Jordi Sànchez, llamó a Trapero a su teléfono móvil directamente para explicarle la situación y le ofreció al teniente de la Guardia Civil hablar con él. Sin embargo, el teniente respondió: "si quiere hablar con alguien que lo haga con el General Jefe de la Zona de Cataluña", desechando esta oportunidad.

Un delito de sedición

Patrullas de la Guardia Civil inutilizadas por los manifestantes "Patrullas de la Guardia Civil inutilizadas por los manifestantes"

Tras sucederse estos hechos, la juez admitió a trámite el pasado 27 de septiembre la denuncia presentada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Según la Fiscalía, los manifestantes pudieron incurrir en un delito de sedición contemplado en el Código Penal que sanciona el alzamiento de una multitud para impedir que los cuerpos de seguridad cumplan con sus funciones y el mandato judicial.

La juez ha llamado a declarar a Trapero, Sánchez, Cruixart y Laplana después de que la Policía Judicial le remitiera el atestado de la denuncia presentada por la Fiscalía. En este texto, considera que la manifestación frente a la Consejería no fue espontánea y afirma que existió "una voluntad clara de concentrar al mayor número posible de personas en la zona". Asimismo, el atestado apunta directamente a Sánchez y Cruixart al considerar que ambos tenían un poder de movilización sobre las personas concentradas durante aquella jornada.

Este delito de sedición que les han imputado a los principales responsables de alentar las manifestaciones o controlar la seguridad de todos -ciudadanos y agentes- conlleva penas de prisión de 8 a 10 años de cárcel para aquellos que dirigieron la sedición y hasta 15 años si esas personas tuvieran algún cargo con autoridad.

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