El expediente de Pablo Casado en la licenciatura de Derecho en el instuto Cardenal Cisneros cuenta con un cambio de notas realizado de forma dudosa. Así lo señala el informe de conclusiones elaborado por la Universidad Complutense de Madrid, que investiga sus estudios tras el estallido del Caso Cifuentes.
Según consta en el escrito al que ha tenido acceso El Diario, Casado aparecía en junio de 2007 con un 'suspenso' en la asignatura de Derecho Natural recogido en las actas. En septiembre de ese mismo año, apareció con un 'no presentado'. Pero, poco después, alguien cambió ese escrito a 'aprobado' con una firma que, según la universidad, no se corresponde a la profesora que impartía la mencionada asignatura.
La profesora fue la misma que denunció recibir "indicaciones" para aprobar a Casado y es la única de todo el claustro que suspendió al líder del PP cuando se presentó a un examen. Según relató ante la inspección de la universidad, todos los cambios se produjeron como consecuencia de un "error de transcripción".
Todos estos sucesos se unen a las declaraciones Alberto Pérez de Vargas, antiguo director del centro en el que Casado estudió el mencionado curso. Según sus palabras, Esperanza Aguirre presionó para que el político conservador terminase la licenciatura. Esas presiones se produjeron en repetidas ocasiones, en forma de llamadas, con palabras como: "Hombre, cuídame a este chico, que tengo mucho interés". Posteriormente se ha retractado.
En aquella época, Pablo Casado era el líder de las Nuevas Generaciones en Madrid, era diputado por el Partido Popular en la Asamblea regional y contaba con el aval especial de la presidenta de la Comunidad y del PP regional, Esperanza Aguirre.
Casado, además, aprobó de golpe media carrera el mismo curso en el que consiguió su escaño, tal y como publicó el diario El Mundo. En concreto, superó 12 materias de las 25 de Derecho y logró el título cuatro meses después de ser elegido diputado. Además, estaba compatibilizando ese curso con otra carrera y un máster.
La profesora que cambió sus actas evita pronunciarse sobre su presunta firma falsa
En el interrogatorio realizado por escrito durante la investigación de la universidad, la profesora que supuestamente cambió sus actas responde con ambigüedades. Hay un dato muy importante en este caso: reconocer una falsificación implicaría denunciar un delito de prevaricación.
Esa respuesta ambigua toma forma, como hemos mencionado, en la rúbrica: "La rectificación de la calificación es correcta. Supongo que sería un error de transcripción", reconoce. Sin embargo, los responsables de la investigación han mostrado explícitamente sus dudas en torno a que este aval se corresponda realmente con el de la docente.
Y aquí aparece otro dato curioso. El Diario aprovechó para contactar con la docente y respondió así: "Creo que me confundí", señala sobre el cambio. Sin embargo insiste en que no recordaba el cambio de notas que ella misma supuestamente realizó, que si hubiesen falsificado su firma "lo habría denunciado" y que creía que esa rectificación no aparecía en los registros de la UCM, solo en los del Instituto Cardenal Cisneros.
Esos cambios no se hicieron públicos en el momento en el que se realizaron. A pesar de las dudas, la universidad archivó la investigación porque señalaban que no tenía sentido después de que la responsable "reconociera sus firmas". Y señalan que el procedimiento habitual en estos casos es "firmar el documento".
"No guarda sus exámenes"
La profesora ha asegurado también que no guarda los exámenes que Casado realizó durante su asignatura. Suele ser el procedimiento habitual, ya que se destruyen cuando ha pasado cierto período de tiempo.
Sin embargo, a renglón seguido, reconoce que aprobó al líder del PP sin asistir a las clases y responsabiliza de ello a la dirección del centro: "Era relativamente habitual que algunos alumnos, con permiso de la dirección, no acudieran a las clases".
También asegura que recibió ciertas "indicaciones" para aprobar su título por parte de la dirección, pero que no influyeron a la hora de imponer la calificación. Mientras tanto, el caso se encuentra a la espera de que el TS decida si le imputa (por su condición de aforado), lo que podría poner en serio riesgo su futuro político, aunque reconoce que no tiene intención de dimitir en el caso de que prospere esa medida.
