El Tribunal Supremo ha dado carpetazo definitivo a la investigación sobre los supuestos delitos fiscales del rey Juan Carlos. La Sala penal inadmite de este modo una querella de un grupo de juristas por la comisión de cinco presuntos delitos del rey emérito contra la Hacienda Pública.
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En el auto, que tiene como ponente al juez Manuel Marchena, se archivan todas las actuaciones y se sigue el criterio de la Fiscalía, al considerar que los hechos investigados no constituyen un delito, están prescritos o fueron objeto de regularización tributaria.
Con esta decisión, el Tribunal Supremo da carpetazo definitivo a investigar al rey Juan Carlos por presuntos delitos fiscales cometidos después de junio de 2014, cuando se produjo la abdicación en su hijo, Felipe VI, y perdió entonces la inviolabilidad.
Los hechos por los que se había presentado la querella ya habían sido rechazados por la Fiscalía del Supremo en marzo de 2022, al comprender que el monarca había regularizado su situación tributaria mediante el pago de 678.000 euros en diciembre de 2020 y 4.395.000 euros en febrero de 2021, antes de conocer que existía una investigación por fraude fiscal en su contra.
Los decretos fueron firmados entonces por el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, donde apreciaba conductas que podrían derivar en delitos fiscales, pero también relacionados con el blanqueo de capitales y cohecho. Sin embargo, el ministerio público concluyó que algunas estaban prescritas o que no se podían perseguir al haberse cometido antes de 2014, cuando estaba blindado.
Intento de reapertura
Sin embargo, varios intelectuales y filósofos reclamaron que el alto tribunal investigara al monarca al considerar que su regularización no cumplió con los requisitos establecidos porque la Fiscalía ya había informado al rey emérito de la investigación. Además, consideraban que no eran delitos prescritos porque son hechos agravados utilizando estructuras opacas en el extranjero.
El Supremo pidió el criterio del Ministerio Público, que rechazó la querella empleando los mismos argumentos del archivo anterior. Finalmente, el alto tribunal ha asumido su criterio y ha adoptado la decisión que por entonces le recomendó este órgano.
A juicio de los magistrados, se asumen todos los argumentos del Ministerio Público y considera que los denunciantes no aportaron nuevos datos, pruebas o documentos que justifiquen reabrir esta investigación. Además, se critica el contenido de esta querella, que considera que ha sido construida con una "selección fragmentada e interesada" del escrito de archivo con el que se había dado previamente carpetazo al caso.
El auto recoge que algunos de los hechos no tienen recorrido por la regularización fiscal del rey emérito que eximen de posibles responsabilidades penales al haberse realizado antes de que existiera "un conocimiento formal" de las infracciones fiscales, y en otros porque los delitos han prescrito.
