Los casos atendidos en la Oficina de No Discriminación (OND) del Ayuntamiento de Barcelona, según un informe presentado por el organismo, alertan de que los casos por trato denigrante por salud se han triplicado durante el último año 2023, especialmente los relacionados con casos de salud mental o pacientes de VIH.
La discriminación por salud es el tercer caso más común atendido por la entidad en 2021, con 120 pacientes, que incluyen la coerción verbal, ingresos forzosos o denegación de contratación de seguros entre las prácticas.
El racismo y la xenofobia lideran la lista, con 185 casos, seguidos de la LGTBIfobia, con 129, la lingüística, con 90 casos y la aporofobia, con 82 casos registrados. En la oficina se han registrado 631 casos, un incremento de denuncias por discriminación que representan un 20% más respecto a 2021.
En la oficina también se atienden casos por LGTBIfobia, con una ligera disminución, pero se ha experimentado un elevado grado de violencia, con un 30% de agresiones físicas, la mayoría en espacios públicos.
Estigma social, exposición pública, sensación de culpa y falta de comunicación accesible
En el informe de 2022 se incluye un caso relacionado con las barreras en el acceso a la justicia que derivan en infradenuncia. Se señala como barreras el estigma social, exposición pública, sensación de culpa y falta de comunicación accesible.
En Cataluña, el Departamento de Interior ha implantado desde julio un protocolo de odio y discriminación para todos los vigilantes de seguridad. Los delitos de esta tipología han aumentado un 26% respecto a 2021.
En este sentido, existe una brecha de género en las denuncias, con un 48,2% de hombres, frente al 40,1% de mujeres. Sin embargo, la OND destaca la fuerte infradenuncia existente en la ciudad, puesto que solo el 5% de los vecinos han acudido, cuando el 31% podrían haber experimentado un caso de esta naturaleza.
Los datos han sido elaborados a partir de la Mesa de Entidades con el Servicio de Atención de Víctimas de Discriminación, que han acompañado a 1.091 personas en orientación jurídica, acción psicosocial y apoyo socioeducativo. También han tramitado 83 denuncias penales y 47 administrativas. Casi uno de cada 10 atendidos en 2022 se encontraba en situación irregular administrativa, refugiada o demandante de asilo.
