El Tribunal Supremo ratifica la condena al PP por beneficiarse de la trama Gürtel, por lo que la sentencia ya es firme. Con ello , se confirma el veredicto que terminó con la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy del Palacio de La Moncloa.
Con ligeros ajustes, el alto tribunal ratifica las condenas de cárcel para los 29 acusados que fijó la Audiencia Nacional, además de la responsabilidad civil a título lucrativo del PP y Ana Mato.
En un primer momento, los magistrados consideron excesivas las menciones a las menciones de la Caja B del PP que hizo la Audiencia Nacional porque, adviertió la sala, no podía haber responsabilidad penal sin acusación o defensa. Finalmente, se ha desdicho y ha dado plena credibilidad a la citada Caja B.
Hay 11 acusados condenados a más de 12 años de cárcel, entre los que se encuentran Francisco Correa, Pablo Crespo, Luis Bárcenas, Guillermo Ortega y Rosalía Iglesias, aunque el alto tribunal ha modificado algunas penas de la Audiencia. Entre ellas, el extesorero del PP, que pasa de 33 años y cuatro meses a 29 años y un mes.
La sentencia avala la condena que llevó a Pedro Sánchez a presentar la moción de censura contra Mariano Rajoy. El Supremo ha examinado 42 recursos y 29 condenas impuestas por la Audiencia Nacional en la sentencia de los primeros años de la actividad de la Gürtel, ente 1999 y 2005 en Madrid, Estepona y Castilla y León.
La sala ha elevado algunas de las penas al castigar de forma separada el fraude y la malversación que fueron cometidos en concurso de delitos, tal como pidió la Fiscalía en su recurso. Otras, en cambio, se han visto reducidas al apreciar los magistrados atenuantes (como la de colaboración en el caso de Francisco Correa por su declaración en el juicio), absolución de algunos de los delitos cometidos o nuevas individualizaciones de penas.
Una pieza centrada en contratos públicos
La pieza analizada se corresponde con la adjudicación de contratos públicos a precios iflados para empresas de Francisco Correa, que organizaba actos del PP durante los años de la presidencia de José María Aznar.
La Audiencia Nacional cee certificado que parte del sobrecoste de los contratos servía para financiar la Caja B del PP, de la que se encargaban los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas.
Rajoy manifestó, en calidad de testigo en plena Audiencia Nacional y declarando todavía como presidente del Gobierno, que su partido "jamás" había recibido donativos en efectivo de empresarios y repitió en siete ocasiones que nunca se había ocupado de cuestiones económicas, sino solo políticas. La AN, entonces, dudó de su credibilidad.
