Los ciudadanos estamos acostumbrados a que los partidos políticos y los medios de comunicación nos adviertan del peligro que corremos para mantener el sistema de las pensiones y la conveniencia de contratar un plan privado.
¿Es cierto que el sistema no se sostiene? Por la vía actual, no. ¿Es cierto que una simple reforma podría solucionar el sistema? Sí, pero ninguno de los grandes partidos han mostrado interés por llevarla a cabo.
El pacto de Toledo
El pacto de Toledo surge en 1995 como un acuerdo entre los grandes partidos, en un momento de debilidad del PSOE y a un año de la victoria del PP, para formar unas líneas generales que garantizaran la viabilidad de este sistema.
A partir de entonces, quedó fijado que las pensiones dependerían de la cotización de las personas que cobran un sueldo y que se pagan a la Seguridad Social. Además, se aprobó una fórmula de revalorización anual que ha aumentado el salario en un escueto 0,25%. Los actuales miembros de aquel pacto plantean ahora una reforma que fije un incremento ajustado a la subida del IPC, es decir, del encarecimiento de los productos. Una vía que sólo agrava la situación si se mantiene el actual sistema.
¿Dónde se encuentra el problema?
El problema actual es que la sociedad está envejeciendo y que, en las próximas décadas, las personas que se encuentran en activo no tendrán posibilidad de mantener la pensión de aquellas personas con mayor edad. Nos encontraremos en una pirámide invertida.
La solución de los actores sociales se ha centrado en dos vías: elevar la edad de jubilación (se ha llegado a plantear una edad superior a los 70 años) y fomentar la contratación de planes de pensiones.
Este último planteamiento genera más polémica: se trata de privatizar el cobro del salario que los mayores se han ganado tras años de trabajo y, por otro lado, beneficia a las empresas privadas con las que estamos contratando estos servicios.
El miedo a que el sistema quiebre o estalle ha llevado a que los planes de este tipo se encuentren a la orden del día y se alerte a la población de que, en un futuro, no se podrá pagar su pensión. Falso.
Un simple cambio que garantizaría las pensiones públicas
La solución a este problema gira en torno a dos puntos: el cambio del modelo de sistema de cotización a vía presupuestos y, sobre todo, el aumento de impuestos a las clases más altas.
Este modelo implicaría incidir en el Sistema del Bienestar que tantos ataques ha recibido durante la práctica totalidad de la última década. Pero se garantizaría que las pensiones no dependiesen tanto de la base de asalariados, como del dinero que entra a las instituciones.
El único problema que se plantea, es que el salario de los pensionistas quedaría a la completa merced del Gobierno, que es quien elabora los presupuestos y que decidiría la cantidad completa que recibirá cada pensionista.
Por otro lado, se podría reducir las pensiones más altas, con cifras especialmente escandalosas que ponen en serio peligro a las rentas más bajas.
En cuanto al problema de la base de asalariados y la tasa de población en edad de trabajar; el aumento de impuestos a las grandes corporaciones y la reducción en gastos supérfluos permitiría un superávit que garantice las pensiones.
Pero, en este análisis, es fundamental contar con la necesidad de que las pensiones no dependan de las cotizaciones de los asalariados y sí de los Presupuestos Generales del Estado. Con ello y garantizando un buen control a las cuentas públicas, las pensiones contarían con mayor seguridad que en el modelo actual.
Un cambio obligado
La quiebra de la hucha de las pensiones es una realidad. Y el Gobierno ya ha tenido que buscar un colchón en la 'caja de seguridad' para emergencias de este tipo y, sobre todo, en los presupuestos.
La ministra de Trabajo, Fátima Báñez, tuvo que inyectar 15.000 millones de euros en los Presupuestos de 2018 como 'muleta' al dinero almacenado en la mencionada cuenta (con un déficit de 17.000 millones de euros). Una decisión que solo demuestra la insostenibilidad del sistema y la necesidad de un cambio real.
