El pasado 6 de noviembre, el juez Rodríguez Ruiz del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Toledo, archivó la causa abierta sobre el caso de supuesta financiación irregular de la campaña electoral de María Dolores de Cospedal en Castilla La Mancha para las elecciones de 2007. El juez Rodríguez Ruiz considera que no se puede acreditar "entrega alguna de dinero", ni "relación causal con alguna decisión adoptada por funcionarios o autoridades públicas".
José Luis Bárcenas, extesorero popular, declaró que la empresa Sufi supuestamente había entregado 200.000 euros destinados la campaña electoral popular, a cambio de un contrato para la recogida pública de basuras en la ciudad de Toledo.
Tras la decisión de archivo del caso, la acusación privada compuesta por Asociación Libre de Abogados (ALA), Ecologistas en Acción, Izquierda Unida y Federación los Verdes, así como la Asociación Observatori de Drets Humans (DESC), han presentado un escrito de apelación de 30 folios. En él, los letrados se muestran indignados y descolocados por la decisión. El Plural ha accedido a extractos de este escrito, en los que los abogados manifiestan que la decisión de archivar el caso es "dar carta blanca a la impunidad". Entienden como "inadmisible que el Juzgado de Instrucción emita un auto de sobreseimiento libre con multitud de indicios racionales de criminalidad".
El siguiente paso en el proceso
Presentado el recurso de apelación, corresponde a la Audiencia Provincial de Toledo tomar una decisión sobre este caso. La causa por el momento ha concluido en la decisión de archivar la acusación, tras un proceso de aproximadamente dos años. De por medio, la investigación del tribunal solicitó sendas prórrogas que sumaron 18 meses, sin llegar a encontrar delito alguno.
Con dudas sobre el origen de los 200.000 euros que Cospedal reconoció haber recibido para su campaña, los abogados de la acusación sostienen que "hay suficientes pruebas de tal entidad como para que desde luego continúe el procedimiento y sea abierto el juicio oral".
El argumentario de la acusación gira en torno a una crítica al auto del juez Rodríguez Ruiz, por tener en cuenta las declaraciones de los implicados,"dejando a un lado indicios objetivos", explica el abogado de la Asociación Observatori de Drets Humans. Mientras tanto, defienden que el juez cae en la incongruencia de dar crédito absoluto a José Ángel Cañas, imputado en esta causa, mientras desoye por completo la declaración de José Luis Bárcenas.
Por lo pronto, toca esperar a que la Audiencia Provincial de Toledo se pronuncie respecto a la apelación, para conocer si el caso se da por archivado de manera definitiva.
