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PP y VOX vetan la reforma para dejar de llamar "disminuidos" a las personas con discapacidad

PP y VOX se niegan a aprobar una reforma que permitiría eliminar un término que ofende a las personas con discapacidad.

PP y VOX vetan la reforma para dejar de llamar "disminuidos" a las personas con discapacidad PP y VOX vetan la reforma para dejar de llamar "disminuidos" a las personas con discapacidad

Foto: GTres

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) cuenta con una reivindicación histórica: que se medique el artículo 49 de la Constitución para que se deje de llamar "disminuidos" a las personas con discapacidad. Algo que no sucederá esta legislatura por el rechazo de Partido Popular y VOX.

El Congreso de los Diputados debate las enmiendas de devolución al texto de reforma aprobado en mayo por el Gobierno registradas por ambas formaciones. No saldrán adelante, previsiblemente, por lo que la reforma continuará con su tramitación parlamentaria. Pero el rechazo de ambos partidos hace que el texto no logre el apoyo reforzado que exige el artículo 167 de la Constitución Española para este tipo de reformas.

El artículo señala que "los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras", algo imposible con la aritmética actual. PP y VOX suman 140 diputados actualmente, por lo que ambas alcanzan más de un tercio de los votos del Congreso.

El proyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución aprobada por el Consejo de Ministros hace casi cinco meses modifica la terminología "disminuidos" para referirse al "colectivo de las personas con discapacidad". El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha defendido la reforma: "Cumplimos un deber como sociedad [...] Lo importante es anteponer la palabra 'persona'. Las personas no son discapacitadas, tienen una discapacidad que no puede definirías".

Junto a esta modificación, la iniciativa plantea reformar también la estructura del citado artículo para dividirlo en cuatro apartados en los que se refleja una dimensión diferente de la protección del colectivo. Además, se modifica su contenido poniendo el énfasis en los derechos y deberes de las personas con discapacidad "como ciudadanos libres e iguales".

PP y VOX, en contra

PP y VOX han rechazado los cambios. La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, justificó su decisión en las alianzas del Gobierno con grupos independentistas y Podemos. Considera que "la apertura en canal" de la Constitución supone "un riesgo que no se ha medido" suficientemente por la "dependencia" parlamentaria del Gobierno de los "partidos independentistas".

El PP, además, señala que la palabra 'disminuidos' "no ha supuesto un obstáculo" para que los poderes públicos garanticen los derechos fundamentales de estos ciudadanos, por lo que "ve cuestionable" la reforma constitucional y aprecia necesario "consenso" político.

VOX, por su parte, afirma que la iniciativa demuestra que el Gobierno "odia a quien no encaja en los patrones de la colectivización". Además, sostiene que "en realidad" los grupos que apoyan la modificación de la Constitución no defienden a las personas discapacitadas porque respaldan "una ley del aborto que discrimina el derecho a la vida de las personas con discapacidad. Que dejen en primer lugar que nazcan".

Ambos partidos también defienden que la propuesta fue rechazada por el Consejo de Estado, aunque en realidad el órgano dolor realizó unas recomendaciones sobre la redacción de uno de los puntos, respaldando el objetivo principal de la modificación, que es cambiar el término "disminuidos" por "personas con discapacidad".

Si finalmente PP o VOX cambian de postura, esta sería la tercera reforma constitucional aprobada desde 1975. La primera se produjo en 1992 para que los residentes extranjeros también pudieran presentarse a las elecciones municipales. La segunda llegó en 2011, cuando PSOE y PP acordaron, en el marco de la crisis de 2008, introducir el principio de 'estabilidad presupuestaria' para priorizar el pago de la deuda de las administraciones y dificultar el endeudamiento.

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