"Se están utilizando todos los poderes del Estado contra un particular por una inspección fiscal que está haciendo el Gobierno". Con estas palabras, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que "tenía razón" tras la información filtrada por su Administración, en la que se afirma que la Agencia Tributaria ordenará la devolución de 552.000 euros a Alberto González, su pareja.
Ayuso ha asegurado que si la Fiscalía continúa con el juicio será por causas políticas y que se reconoce de este modo que no existía una sociedad pantalla como se ha afirmado desde el comienzo y se ha investigado fiscalmente. Según Sol, el caso tendrá "un saldo positivo de más de 200.000 euros" .
Ayuso asegura que no mintió acerca del presunto fraude de su pareja: "Uno, yo no mentí. Dos, yo tenía razón. Tres, todo lo que está pasando obedece a una cacería política" https://t.co/xruYcljHZV pic.twitter.com/M1MKdQZtFn
— Europa Press (@europapress) April 17, 2024
Estas afirmaciones siguen la línea de lo declarado previamente por Isabel Díaz Ayuso, que ya en el mes de marzo había asegurado que todas las informaciones publicadas respondían a "una manipulación orquestada" y que, en realidad, era Hacienda quien debía a su pareja 600.000 euros.
Pero, ¿realmente se está exonerando a Alberto González? ¿Por qué la Agencia Tributaria exige ahora la devolución de más de medio millón de euros? ¿Qué se esconde realmente detrás de esta decisión?
"Había intentado compensar lo que había dejado de ingresar en 2020 y 2021 con un pago superior"
La devolución que ha ordenado Hacienda a Alberto González se corresponde, en realidad, con el Impuesto de Sociedades del ejercicio de 2022. En la declaración presentada este año, cuando ya se había abierto la investigación contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, abonó un total de 629.408,67 euros por este concepto, cuando en realidad debía pagar 77.156,71.
Alberto González, por tanto, pagó más de medio millón de euros de más en 2022, a pesar de que no le correspondía pagar esa cantidad y, tan solo por este motivo, Hacienda aprueba la devolución del sobrante que transfirió.
La orden no tiene ninguna relación con los ejercicios correspondientes a 2020 y 2021, que se encuentran actualmente bajo investigación y por los que se acusa a la pareja de la presidenta madrileña de un desfalco de 350.000 euros del erario público. Hacienda ya ha aclarado que esta decisión no exime en ningún caso de un posible delito fiscal.
"Esta persona seguramente ya conocía las inspecciones que tenía en marcha, seguramente conocía las imputaciones que tenía en marcha desde la Agencia Tributaria", explica Carlos Vruzado, presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), en declaraciones a RTVE. Por ello, presuntamente, "lo que intentó fue compensar lo que había dejado de ingresar en 2020 y 2021 con un pago por encima del que tenía que realizar después".
Ayuso miente con lo de la devolución de Hacienda a su novio y te lo deja claro este técnico.
— Fran Guerrero (@Fran_Guerrero82) April 18, 2024
Todos los días tienen que salir a desmentir los bulos creados por Miguel Angel Rodríguez para salvar el culo de Ayuso.
Lo cierto es que su novio se aprovecho de su posición... pic.twitter.com/8Vdv39BUxz
Por tanto, "no es exactamente una regularización, que es lo que se habría producido presentando rectificaciones de las declaraciones de 2020 y 2021, que ya no podía hacer porque se había abierto una inspección, por lo que parece que intentó compensar las cantidades que debía y por ello incrementó lo que le correspondía, haciendo una regularización un tanto extraña".
Expediente contra Ayuso
La información trasladada desde la Comunidad de Madrid se ha sucedido de forma paralela a la apertura de un expediente en la Fiscalía contra la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y recepción por el caso que afecta a su pareja.
La orden llega tras una denuncia presentada el 9 de abril por la Asociación Preeminencia del Derecho. La fiscal jefa de Madrid, Almudena Lastra, ha ordenado trasladar el caso a la Fiscalía del Tribunal Supremo ante el aforamiento de la líder del Ejecutivo madrileño. Esta Fiscalía será quien decidirá si existen indicios para justificar la apertura de una investigación.
La asociación considera que la presidenta madrileña benefició al Grupo Quirón desde la Administración que encabeza. Esta empresa ha sido adjudicataria de varias licitaciones en Madrid y es el principal pagador de la pareja de la presidenta.
