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Madrid pagó por derivar a mayores a residencias privadas teniendo más de 1.500 plazas libres en la pública

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pagó una indemnización de 1.103.642,34 euros a 15 centros privados.

Madrid pagó por derivar a mayores a residencias privadas teniendo más de 1.500 plazas libres en la pública

Entre abril y junio de 2020 el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso derivó a 163 mayores a 15 residencias privadas. Esto supuso que se tuviera que pagar una indemnización de 1.103.642,34 euros a esos centros. Sin embargo, había plazas libres en los 25 centros públicas que hay en la Comunidad de Madrid y y que gestiona la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), según ha adelantado la Cadena Ser.

En total, había 1.417 plazas libres en abril, 1.538 en mayo y 1.616 en junio. Estos son datos oficiales que ha conseguido el grupo socialista en la Asamblea de Madrid tras preguntar a través del Portal de Transparencia.

"Más de 1.500 plazas de media en residencias públicas tenía disponibles la Comunidad de Madrid entre abril y junio de 2020 mientras ingresaba a 163 mayores en residencias privadas. Plazas que se pagaron muy por encima del precio que abonaba por una plaza concertada y conforme a lo que las propias residencias privadas le pidieron y, sin embargo, ¿no podían hacer uso de sus propias plazas públicas vacías? No tiene ningún sentido", ha denunciado Lorena Morales, portavoz de Políticas Sociales del PSOE-M.

Así, la Comunidad de Madrid pagó a los centros privados una indemnización de casi 90 euros por plaza frente a los pocos más de 50 euros que se pagaban en esas fechas a los centros concertados, según ha informado el mismo medio.

La explicaciones del Gobierno de Ayuso

Desde el Gobierno de la Comunidad de la Comunidad de Madrid se justifican alegando que las plazas no ocupadas de las residencias públicas responden "a la suspensión de nuevos ingresos decretada por las autoridades sanitarias, a los residentes que se fueron con sus familias durante esas semanas y a que el AMAS aplicó desde abril la reserva de un 10% de sus plazas autorizadas para poder mantener la distancia social y los aislamientos".

La Consejería de Política Social, comandada por Concepción Dancuesa, explica que "el traslado de residentes a otros centros no obedecía al número de plazas disponibles, la decisión se tomaba con criterios técnicos sanitarios en función del nivel de contagio de los centros, de su estructura o de las zonas sectorizadas de los mismos".

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