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El juez levanta la censura a los libros LGTBI en los institutos de Castellón

El juez señala que "no se ha aportado prueba alguna, siquiera indiciaria, de que concurra alguna ilegalidad".

El juez levanta la censura a los libros LGTBI en los institutos de Castellón El juez levanta la censura a los libros LGTBI en los institutos de Castellón

El titular del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Castellón ha levantado la polémica medida cautelar dictada por la magistrada en sustitución ordinaria que había impuesto el secuestro cautelar de una treintena de libros LGTBI.

El auto del juez asegura que la campaña municipal de los lotes de libros LGTBI "tiene un fundamento legal directo en la Ley 8/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana".

La resolución, que puede ser recurrido en apelación, indica que "no se ha aportado prueba alguna, siquiera indicara, de que concurra la ilegalidad que la actora denuncia en la actuación municipal", así como tampoco "de que el contenido de los materiales (libros donados) atente contra los derechos humanos".

Y añade: "No se ha probado, en definitiva, que la actuación impugnada pudiera causar perjuicio alguno [...] Acordar la medida cautelar en este caso equivaldría a dejar la aplicación de las leyes vigentes al arbitrio de los intereses o valoraciones subjetivas de los particulares".

Una decisión polémica

La orden de censurar la presencia de estos libros en los institutos de Castellón escandalizó por completo a los colectivos LGTBI e incluso a la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, que recomendó la lectura de los libros e indicó a la magistrada que la ley autonómica obliga a incluirlos en centros docentes para combatir la LGTBIfobia.

La única formación política que apoyó esta decisión fue VOX. La Fundación de Abogados Cristianos criticaba que la campaña municipal pretendía introducir "la ideología de género" en los centros docentes. El Ayuntamiento de la localidad alegó que la donación del material "no comporta ninguna vulneración de los derechos fundamentales", ya que se trata de material "legal, que puede ser adquirido por cualquier persona".

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