El bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sacado adelante una declaración institucional en contra de la amnistía para los condenados en la causa por el procés. Se ha adoptado por nueve votos a favor, cinco en contra y uno en blanco.
Esta iniciativa ha salido adelante gracias al apoyo del magistrado Wenceslao Olea y la ausencia de Álvaro Cuesta, que se ha ausentado del pleno al considerarlo "manifiestamente ilegal". Además, el presidente suplente, Vicente Guilarte, ha votado en blanco. Estos factores han permitido a los conservadores ampliar la mayoría.
Este órgano todavía mantiene mayoría conservadora porque se encuentra en situación de interinidad. De los 21 miembros que la Constitución asigna al Consejo, solo se mantienen 16, después de dos dimisiones, dos jubilaciones y un fallecimiento. Los progresistas han visto cómo su representación se ha reducido de manera progresiva, con seis vocales. En todo caso, el sector conservador ha funcionado habitualmente como un bloque más compacto.
Consulta aquí la declaración institucional aprobada hoy por el Pleno del #CGPJhttps://t.co/9Vev6kV6Ll pic.twitter.com/kja2rJtAdE
— Poder Judicial (@PoderJudicialEs) November 6, 2023
Los magistrados que se han posicionado en contra de la firma de esta declaración han argumentado que esta declaración puede "confundir a la ciudadanía sobre la opinión de los propios jueces y magistrados sobre el contenido de una norma que no existe y que de aprobarse por el poder legislativo, el competente para hacerlo, se verán obligados a aplicar, o en su caso a someter a los controles constitucionales legalmente previstos". Además, defienden que la declaración "daña la imagen" de la independencia judicial y defienden que esta máxima ya está "suficientemente garantizada".
Imputación de Puigdemont y Rovira
Esta declaración se ha producido en plena imputación del ex presidente catalán, Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, por parte del magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, en el marco de la investigación sobre Tsunami Democràtic.
García-Castellón amplía de esta forma la causa por delitos de terrorismo, que se alarga durante cuatro años y mantiene a una decena de imputado, entre ellos, Josep Lluís Alay, amigo de Pigdemont y su jefe en Waterloo (Bélgica)m, Xavier Vendrell, exconseller de la Generalitat y ex dirigente de ERC, los empresarios Oriol Soler y Josep Campmajó o a Marta Molina, con cargos en ERC.
El juez ha adoptado esta decisión después de recibir un amplio informe de la Guardia Civil que afecta a Puigdemont y Rovira. La decisión se produce en plenas negociaciones del PSOE con Junts y ERC para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
