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Los jueces apoyan la sentencia de 'La Manada' y critican a quienes no la respetan

El presidente del CGPJ recrimina a los cargos políticos que pusiesen en entredicho lo dictaminado por la Audiencia de Navarra.

Los jueces y magistrados están indignados por las críticas que han recibido de la sociedad civil por la sentencia dictada al grupo de La manada. Miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y portavoces de asociaciones de abogados consideran que la reacción social ha sido "excesiva" y que resultan "preocupantes" las palabras dirigidas a los tres miembros de la Audiencia de Navarra que calificaron los hechos como abuso sexual y no como violación. 

Ante la sentencia, las organizaciones feministas y la sociedad civil se echaron a la calle para reclamar una reforma del sistema judicial tras considerar el fallo como machista y lo hicieron bajo lemas como 'No es abuso, es violación' o 'Si no nos matan, no nos creen'. También a través de las redes sociales explicaban con fotos de la sentencia lo incoherente de esta, ya que podemos leer los hechos vejatorios que los cinco chicos realizaron a la víctima. Además, más de 1 millón de personas han firmado en una petición en Change.org en la que se pide la inhabilitación de los magistrados encargados de dictar la sentencia en el juicio. 

Los jueces han criticado duramente las manifestaciones contra la sentencia del juicio de La Manada
"Los jueces han criticado duramente las manifestaciones contra la sentencia del juicio de La Manada"

Estas críticas contra el sistema judicial en España fueron rápidamente contestadas por el propio presidente del CGPJ, Carlos Lemes, que emitió un comunicado en el que defiende al tribunal y recrimina la respuesta de los dirigentes políticos que pusieron en entre dicho lo dictaminado. En dicha nota, Lesmes asegura que "Todas las decisiones judiciales están sin duda sometidas a la crítica pública y debe respetarse el derecho a la libertad de expresión", aunque continua diciendo que si esas críticas "consisten en descalificaciones emanadas de personas que ostentan responsabilidades públicas, se compromete gravemente la confianza que nuestro sistema de justicia merece los ciudadanos"

Aunque Lemes no aporte nombres sobre esos cargos políticos que arremeten contra la decisión de la Audiencia de Navarra, en una conversación que mantuvieron los vocales del Consejo, según El Mundo, estos mencionaron a Pablo Iglesias o a Pedro Sánchez, que a través de sus cuentas de Twitter mostraron su indignación. 

También quiso opinar acerca de la sentencia Albert Rivera, pero las palabras de este no sentaron bien en Twitter ya que aunque asegura que no la entiende, como cargo público "siempre respetaré y acataré las sentencias judiciales". Mientras que miembros del Gobierno como el ministro de Justicia, Rafael Catalá o la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal apoyan una reforma del Código Penal. 

Ante estas palabras Lemes aseguró que el Código Penal no se debe cambiar por el descontento de la sociedad civil porque"no es una política coherente". Más tarde, el propio portavoz del PP, Íñigo Méndez de Vigo, afirmó que el Gobierno estudiará la reforma de la ley. 

Indignación por parte de los magistrados

El magistrado Raimundo Prado considera que las  manifestaciones son desproporcionadas
"El magistrado Raimundo Prado considera que las  manifestaciones son desproporcionadas"

Para Raimundo Prado, portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, las manifestaciones son una reacción "desproporcionada" que deja ver "una falta de educación general y cultura democrática que recuerda a la ley de linchamientos del Oeste". La misma opinión tienen desde Jueces para la Democracia y es que su portavoz, Ignacio González Vega, manifestó a la agencia Efe que "la crítica pública debe estar fundamentada con un cierto rigor y no basada en falacias o falsedades". 

Mientras que el Foro Judicial Independiente también respalda a los jueces y garantizan que su trabajo está fundamentado en la ley y que la sentencia está "trabajada". Para esta asociación las críticas se acabarían si la ley no estuviese "mal redactada"

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