Cataluña está viviendo uno de los momentos de mayor expectación a lo largo del juicio contra líderes del referéndum catalán, que llevan cuatro meses esperando una sentencia.
Este momento se ha visto empañado por la acción de unos piratas informáticos que han intentado acceder a las cuentas de correo electrónico del magistrado al frente del tribunal, Manuel Marchena y seis jueces más: Luciano Varela, Andrés Martínez Arrieta, Ana Ferrer, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo y Andrés Palomo.
El Centro Nacional de Inteligencia ya ha reportado todo lo sucedido al Supremo y se ha abierto una investigación para identificar el origen del ataque y sus autores, quienes probablemente buscan pistas acerca de la deliberación final: el juicio está llegando a su fin y los 18 acusados podrían enfrentarse a 25 años de condena por delitos de malversación, rebelión y desobediencia. El CNI ya ha tomado medidas en la fase inicial de búsqueda y ha implementado cortafuegos para prevenir todo tipo de acceso a extraños.
Según declaran fuentes judiciales a El Confidencial, las cuentas personales de algunos miembros del tribunal también habrían sido uno objeto de hackeo, pues a efectos de seguridad esto genera más preocupación ya que los piratas habrían empleado un tiempo de rastreo lo bastante prudencial como para haber localizado las cuentas en búsqueda de información sensible.
La fase final del 'procés'
El juicio del procedimiento llevado a cabo por indepentistas catalanes para conseguir la seperación del territorio autonómico está llegando a su fin tras un largo período de sesiones orales en las que se han presentado los argumentos y recursos necesarios a favor y en contra de los acusados en la trama. Su defensa declaró que cometiron un delito de desobediencia, aunque reclamaron finalmente la libre absolución.
La última sesión, determinante a la hora de conocer la sentencia y condena final, concluyó el pasado 12 de junio y ahora estos 7 magistrados han de decidir el futuro inmediato de los 18 políticos acusados, al mismo tiempo que la Fiscalía apela a una condena por rebelión, la Abogacía del Estado acusa por levantamiento en contra del Gobierno y exige penas que reducirían a la mitad las del Ministerio Público. La decisión final se conocerá previsiblemente en el mes de septiembre, donde los reclusos a espera de sentencia, se trasladarán a Madrid para conocer la citada resolución.
Además de la puesta en libertad de los acusados, algunas de las cuestiones que se han estado discutiendo durante todo el mes de junio han sido la solicitud de excarcelación de Oriol Junqueras para firmar el acta que confirmaría su estatus como miembro del Parlamento Europeo, así como la posibilidad de consultar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Luxemburgo acerca de los límites de la inmunidad de los eurodiputados.
