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Política

Imputan a Francisco Camps por prevaricación, malversación y falsedad en la visita del Papa a Valencia

El exlíder de la Generalitat valenciana podría terminar en prisión: sería el cuarto barón del PP señalado por corrupción.

El expresidente de la Generalitat Valenciana y exlíder del PPCV, Francisco Camps, ha sido imputado por los delitos de prevaricación, malversación y falsedad por la gestión irregular de los contratos en torno a la visita del Papa a la capital autónoma del año 2006.

Junto a Camps, también se encuentran otras nueve personas imputadas, entre las que se encuentra el obispo auxiliar de Valencia, Esteban Escudero o el expresidente de Les Corts, Juan Cotino.

El procedimiento en torno a la visita del Papa a Valencia lleva abierto desde el año 2016, en virtud de las investigaciones sobre la ramificación de la Trama Gürtel en la comunidad autónoma.

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En ello, el juez aprecia que el Govern cometió los delitos de prevaricación, malversación y falsedad. En la lupa de los jueces también se encuentran otros eventos que fueron anunciados para potenciar la imagen exterior de la ciudad, como la celebración del circuito de la Fórmula 1.

Precisamente, por este último caso, el expresident ya se encuentra imputado. La causa mencionada cuenta con dos ramificaciones: por un lado, la gestión de los eventos y, por otro lado, los contratos para la construcción del trazado del circuito de la competición.

Ahora, el expresident se encuentra con tres causas judiciales abiertas. Se trata del cuarto barón autonómico popular con serios problemas judiciales. A él se suman el expresidente balear, Jaume Matas (Nóos); el murciano Pedro Antonio Sánchez (Púnica) y el madrileño, Ignacio González (Lezo y Púnica). El juez, además, no descarta una previsible imputación de Esperanza Aguirre, lo que dañaría seriamente la imagen del PP.

Día negro en el PPCV

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La imputación de Francisco Camps se produce el mismo día en el que la exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, comparece ante el juez por el presunto amaño del urbanismo de la ciudad para beneficiar a su íntimo amigo, el empresario Enrique Ortiz.

Ortiz, casualmente, se dedicó a financiar el Partido Popular. Por estos hechos, la Audiencia solicita una década de prisión para Castedo por un delito continuado de cohecho, revelación de secretos y tráfico de influencias.

Tras casi una década de investigaciones, el caso Brugal se daría por cerrado, por lo que no cabe recurso en torno a la sentencia que supondrá, previsiblemente, un nuevo varapalo judicial para la formación de Mariano Rajoy.

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