El juez de instrucción número 11 de Madrid, Juan Javier Pérez, ha citado como investigado por un presunto delito de abuso sexual a un agente de la UIP de la Policía Nacional por agarrar de los pechos a una mujer, activista de Femen, por retirarla de la protesta.
Se trata de una concentración que la organización feminista desarrollaba durante la jornada del 20 de noviembre en la Plaza de Oriente de Madrid ante la organización Movimiento Católico Español. La activista ha sido citada junto con un testigo de los hechos este miércoles 12 de abril en el marco del caso que juzga estos hechos.
El magistrado ha admitido a trámite la querella tras la reforma de la denominada 'ley del solo sí es sí'. Su defensa considera que los hechos denunciados "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito", por lo que considera necesario practicar diligencias porque no se ha determinado "la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido".
La acción de Femen, según consta en la querella que publica El Periódico, tenía como intención cargar contra el "fascismo, ni honor ni gloria", por lo que tres mujeres mostraron sus pechos durante la concentración. Se trata de acciones que "se han ido repitiendo durante varios años en el mismo lugar, y siempre ha sido interceptada por la Policía".
En ese momento, "llegaron a su encuentro varios policías, todos hombres", momento en el que denuncian, mientras que detuvieron a dos compañeras con "evidente profesionalidad", otro de los policías agarró a la denunciante desde atrás "apretándole sus senos con ambas manos, lo cual era obviamente innecesario para la detención, abusando de su situación de superioridad, y sirviéndose de su condición de agente de la autoridad".
Por estos hechos, otros funcionarios se acercaron para tapar su torso con una chaqueta y, después de ser identificadas, las tres activistas fueron puestas en libertad, informándoles de que iban a realizarles una propuesta de sanción por una posible infracción administrativa.
La querella añade que el funcionario policial perteneciente a la UIP presunto autor de los hechos tenía su identificación numérica totalmente tapada. La acusación indica que, desde abril de 2013, la Dirección General de la Policía había aceptado una recomendación de la entones Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, para aumentar el tamaño de los números de identificación que portan los agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP), "a fin de favorecer la identificación de estos agentes sin dificultad y de forma inequívoca, tal y como pedía la institución".
