El presidente de Argentina, Javier Milei, ha enviado al Congreso el proyecto de ley ómnibus, que recoge casi 700 artículos con la intención de modificar gran parte del sistema del país.
En este proceso de transición, el Gobierno se atribuye amplias facultades en grandes ámbitos con la intención de desmontar el actual sistema y provocar una transición hacia un sistema económico puramente liberal, que enmarca en su 'plan motosierra'.
En este proyecto, se ha incluido una norma que prevé endurecer las sanciones a quienes se manifiesten en contra de las políticas del Ejecutivo, que contempla cualquier "congregación intencional y temporal de tres o más personas" como una manifestación punible que será castigada con hasta seis años de prisión si impide el libre tránsito o la provisión de servicios públicos.
En el texto enviado al Congreso se advierte de que cualquier manifestación se debe notificar con antelación y el ministerio de Seguridad deberá oponerse o proponer cambios. Además, los organizadores sociales deben declarar quiénes son los responsables de las convocatorias para facilitar su identificación. Este proyecto concibe como legislación el protocolo antiprotestas firmado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante las dos semanas previas.
El proyecto de ley se suma a otras medidas impulsadas, como la devaluación de la moneda en un 50% y la eliminación de subsidios al transporte o energía. Además, se ha anunciado un recorte de empleos estatales que afectará, al menos, a 5.000 empleados estatales.
Manifestaciones
En el contexto actual, la llamada a las movilizaciones está surgiendo en las redes sociales, aunque se desconoce por el momento qué pasos se darán desde los colectivos, que han llamado a trabajar con el mayor "nivel de unidad posible".
En el debate se encuentra la posibilidad de una huelga general, un paso que todavía no se contempla como definitivo. Mientras tanto, el Gobierno argentino se muestra dispuesto a continuar adelante y se siente respaldado por el apoyo obtenido en las urnas.
