La Generalitat de Cataluña ha elaborado una nueva ley con la que quieren regular el consumo, cultivo y transporte de cannabis. La intención de esta medida busca que los ciudadanos sepan en qué situaciones concretas pueden consumir, transportar y cultivar cannabis sin ningún tipo de consecuencia legal.
La iniciativa es el fruto de tres años de trabajo en el Parlament y parte de una iniciativa legislativa presentada por el grupo La Rosa Verde, que quiso desbloquear la falta de acuerdos en la Cámara, después de que se aprobase una proposición que instaba al Parlament a aprobar una ley de estas características.
Ahora, la iniciativa contará con el respaldo explícito de Junts pel Sí, PSC, Catalunya Sí que es Pot y la CUP. El PP votará en contra, mientras que Ciudadanos aún no se ha posicionado públicamente sobre la medida.
La iniciativa, si sale hacia adelante, será completamente novedosa en toda Europa, ya que establecerá de manera clara todas las pautas exactas para consumir y transportar cannabis sin sufrir ninguna consecuencia penal.
También se regula el cultivo, que continuará en manos de los clubes cannábicos, aunque en este caso se establecerá un tope legal de producción para evitar que los excedentes puedan terminar en el mercado ilegal. El límite se ha establecido en 150 kilogramos anuales de marihuana seca.
Si se quiere movilizar el material, no se podrá utilizar en ningún caso el transporte público, y se deberán de tramitar autorizaciones expresas por parte de las asociaciones de fumadores donde figuren los datos del club, la identidad del transportista, el destino, la fecha, la cantidad y el tipo de producto a transportar.
También habrá límites en torno a las cantidades adquiridas. Se fijarán en 20 gramos para los que tengan entre 18 y 21 años, y se aumentará a 60 para el resto. Los menores de edad tendrán expresamente prohibido el acceso a esta sustancia y los enfermos no tendrán límites, salvo los impuestos por los profesionales.
Todos los que se unan a un club de fumadores deberán esperar, además, un total de 15 días desde el registro hasta la compra del material, ya que se quiere evitar que se fomente el turismo cannábico. Se ha abierto la puerta, incluso, a la recaudación de impuestos en este sentido.
El Gobierno puede impugnarla
Sin embargo, la medida puede no llegar a aplicarse, ya que el actual Gobierno central (encabezado por el presidente Mariano Rajoy), ha planteado la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional, ya que consideran que se plantea un conflicto de competencias.
Los diputados de Junts pel Sí se defienden, y buscan amparo en el Estatuto de Autonomía de Cataluña para afirmar que tienen competencias explícitas en materia de consumo.
El único precedente parecido en el resto de España se encuentra en el País Vasco, donde la legislación que permitía la apertura de clubes cannábicos fue suspendida cautelarmente hasta que el Constitucional decida si la ampara. Los activistas, mientras tanto, defienden la ley con un mensaje muy claro: "Cuando antes se regule, antes acabará el descontrol".
