La Fiscalía de Valencia ha mostrado su postura favorable a investigar al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por su posible responsabilidad penal en la gestión de la DANA en la que fallecieron 223 personas el pasado 29 de octubre.
El escrito presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por parte del ministerio público avala unificar en una sola causa las siete querellas entre las que se apunta a otras autoridades, incluyendo la consellera encargada entonces de las emergencias, Salomé Pradas.
El escrito, que autoriza la fiscal María José Montesinos de Lago, menciona la "desatención de sus deberes como máximas autoridades autonómicas valencianas". Además, se indica que, "ajenos a los escenarios de alertas y mensajes que se estaban emitiendo por distintos organismos, omitieron el dictado de resoluciones y de decisiones que eran de su competencia, y de ese modo no evitaron o, cuanto menos, no redujeron la entidad de la catástrofe acaecida".
De este modo, el ministerio público se pronuncia a favor de investigar la posible responsabilidad penal de los querellados y se muestra favorable a unificar todas las causas por su complejidad, vinculación, y porque entiende que se atribuyen en todos los casos los mismos hechos.
Hacia el juzgado
En su auto, la Fiscalía defiende que el juzgado de instrucción se debería encargar de la causa para desarrollar "una completa investigación judicial sobre los hechos acaecidos concretando la intervención, o, en su caso, inacción, de cada uno de los querellados y denunciados".
Al ser Carlos Mazón, como otros señalados, una persona aforada, en el caso del presidente valenciano se explica que, en caso de encontrar indicios de criminalidad suficientes, habría que elevar una exposición razonada ante el Tribunal Superior de Justicia.
El Tribunal Supremo también tiene en su poder, al menos, otras nueve querellas contra miembros del Gobierno central por delitos variados, como homicidio imprudente u omisión del deber de socorro en la gestión de la DANA. Están dirigidas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la ex vicepresidenta Teresa Ribera o el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
