La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado y el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, han firmado los decretos que ponen oficialmente fin a las tres diligencias de investigación que cercaban al rey Juan Carlos desde hacía tres años por su patrimonio.
La decisión llega sin presentar ninguna querella contra el monarca ni reproche penal, pese a que se constatan numerosas irregularidades fiscales. Los fiscales del Supremo consideran que la imposibilidad de perseguir presuntas irregularidades cometidas por el rey emérito antes de su abdicación, las dos propuesta de regularizaciones fiscales que presentó en diciembre de 2020 y febrero de 2021 y la ausencia de otras pruebas, cierran la puerta a la posibilidad de perdirle al Supremo que actúe en su contra.
La decisión de la Fiscalía pone fin a casi dos años de investigación de la Fiscalía Anticorrupción y la del Supremo, que buscaban indicios de delitos fiscales y otros relacionados con negocios internacionales en los que había participado supuestamente Juan Carlos I.
Las investigaciones comenzaron para indagar el cobro de comisiones ilegales en las supuestas intermediaciones para el contrato de las obras del AVE a La Meca, que tenía que recibir un consorcio español. Meses más tarde, la Fiscalía abrió otras dos líneas de investigación: el uso por parte del rey de fondos de un empresario mexicano, Allen Sanginés-Krause, que en septiembre de 2020 reconoció a la Fiscalía Anticorrupción que había regalado cerca de un millón de euros al anterior jefe del Estado entre 2016 y 2018.
El rey emérito no declaró a Hacienda estos regalos hasta diciembre de 2020, cuando declaró 678.393 euros para poder acogerse al artículo 305.4 del Código Penal, que establece que la regularización de la situación tributaria "impedirá" perseguir las irregularidades contables cometidas previamente. La tercera investigación que mantenía abierta la Fiscalía se centraba en la existencia de dinero oculto en un trust financiero domiciliado en el paraíso ficha de las islas del Canal y abierto en 2004 por Joaquín Romero Maura, historiador y consejero de don Juan Carlos, que figuró entre los titulares de esta sociedad.
Una sola causa pendiente
Cerradas las diligencias en España y después de que en diciembre pasado la justicia suiza archivara la investigación iniciada en ese país en 2018 por el presunto cobro de comisiones en las obras del AVE a La Meca, el rey emérito solo tiene ya pendiente de resolver el procedimiento civil abierto en el Reino Unido después de que Corinna Larsen le demandara por el supuesto acoso que asegura que sufrió en 2012 por parte de agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que, según su denuncia, actuaban por orden del monarca. El tribunal tiene que decidir si el exmonarca español preserva su inmunidad para no ser juzgado.
