España ha vuelto a descender al noveno puesto en el ranking europeo en materia de defensa de los derechos de las personas LGTBI (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales), según han denunciado la asociación estatal FELGTB y la asociación europea ILGA.
Los datos se desprenden del informe anual que lanza la asociación ILGA con motivo del Día Internaciona contra la LGTBIfobia que se está celebrando durante la jornada del 17 de mayo.
Ocho puestos por encima de España, se encuentra Malta, un país que repite en el primer puesto de la clasificiación y que comparte podio con Noruega y Reino Unido a la hora de defender los derechos de estas personas.
En el otro lado del ranking, destacan Armenia y Rusia como países más hostiles para las personas LGTBI, pero hay una nación que aparece con fuerza en el último puesto: Azerbayan.
En la república caucásica, ya abundan las personas que han tenido que exiliarse por temor a las represalias que supone declararse abiertamente como homosexual. Además, el escándalo fue mayúsculo cuando el activista Isa Shahmarli terminó suicidándose con una carta en la que relataba: "este país no es para mí", y se encontraba completamente desperanzado para continuar con su vida. Mientras tanto, la situación no tiene ninguna perspectiva de cambiar en los próximos años.
La situación de España
Los colectivos denuncian la "inacción del Gobierno" y no comprenden por qué el Ejecutivo o la oposición (que ahora cuenta con mayoría absoluta) no se muestra dispuesto a lanzar una Proposición de ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales (una ley de Igualdad LGTBI).
Recuerdan, además, que el resto de países europeos sí están legislando sobre esta materia y recalcan que España se mantiene aún entre los 10 primeros gracias a la decisión de algunos parlamentos autonómicos que sí han cumplido sus deberes en esta materia.
ILGA situó a España en el quinto puesto en su primera clasificación de 2010, tras lo que ascendimos a un buen segundo puesto en 2011. A partir de entonces, comenzó la debacle, con un tercero en 2013, un quinto en 2015 y un sexto en 2016.
La organización considera, por tanto, que si el Parlamento aprobase esta Proposición de ley, tendría la oportunidad de volver a situar a España a la cabeza de los países más avanzados en reconocer los derechos de los coletivos. Y recuerdan, además, que España se ha quedado anclada en esta materia, algo que ignora las graves violaciones de derechos que todavía sufre la comunidad LGTBI.
239 ataques homófobicos tan solo en Madrid
Todas estas noticias llegan cuando conocemos que hay un repunte de las agresiones homófobas a lo largo y ancho de España.
En la Comunidad de Madrid, una de las regiones que se presuponen más abiertas en esta materia, al menos se registraron 239 agresiones en tan solo un año, 180 de ellos en el interior de la capital.
Además, las asociaciones recuerdan que impresiona la juventud de los agresores, un aspecto que preocupa porque se consideraba que la siguiente generación sería la de la normalización absoluta. Parece que todo ello, sin embargo, está lejos de producirse.
El ejemplo de la legislación madrileña
A pesar de estos repuntes, lo cierto es que la recién aprobada Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia de la Comunidad de Madrid, supone un gran avance en esta materia.
Entre otros aspectos, la nueva ley recoge la educación en diversidad en los colegios, con el fin de terminar con la discriminación desde la más tierna infancia en las escuelas. Todo ello se complementaría con el apoyo a la formación de los docentes en materia de igualdad, con el fin de que ellos no fomenten indirectamente este tipo de situaciones.
Además, también prohíbe de manera expresa las polémicas terapias para 'curar' la homosexualidad, y contempla multas de 20.001 euros a 45.000 a todas aquellas personas que quieran modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona. Esa discriminación tampoco se podrá ejercer en ningún caso en el ámbito sanitario.
Además, también se contempa la inversión de la carga de la prueba, uno de los aspectos más polémicos de la norma, que reconoce la presunción de veracidad para todas las denuncias de discriminación LGTBIfóbica.
