La corrupción ha sacudido al Parlamento Europeo y ha socavado la credibilidad de las instituciones europeas. La detención de su vicepresidenta, Eva Kaili, en una operación que investiga supuestos sobornos a figuras para mejorar la imagen de Qatar, se ha convertido en un auténtico escándalo.
Kaili, de hecho, destacaba por sus grandes dotes para el ahorro: según la declaración de bienes y rentas que envió el año pasado al Parlamento griego, sus ahorros y depósitos habían pasado de 70.585,61 euros en 2013 a 463.197,69 euros en 2020.
La investigación se ha saldado, por el momento, con cuatro imputaciones por corrupción y una importante cantidad de dinero incautado. Pero todavía no se ha cerrado la investigación. Los responsables del proyecto europeo intentan que el escándalo salpique lo menos posible la credibilidad de las instituciones con una promesa de tolerancia cero contra la corrupción y, sobre todo, con la mayor transparencia posible ante lo ocurrido.
Estalla el escándalo
El supuesto pago de sobornos estalló el pasado viernes 9 de diciembre, cuando los medios belgas Le Noir y Knack adelantaron la noticia de una operación judicial belga contra varios eurodiputados sospechosos de haber aceptado sobornos de Qatar, que había conducido a más de una docena de registros y media docena de detenciones.
La Fiscalía, poco después, se pronunciaba sobre el caso, señalando el pago de importantes sumas de dinero y prebendas a altos cargos de las instituciones europeas: "Desde hace varios meses, los investigadores de la policía judicial federal sospechan que un país del Golfo influye en las decisiones económicas y políticas del Parlamento Europeo, y lo hace mediante sumas considerables de dinero u ofreciendo importantes regalos a personas con una posición política y/o estratégica significativa en el seno de la Eurocámara".
Ese país al que se hace referencia es Qatar, algo que su gobierno niega tajantemente. Los señalados son personas pertenecientes a las altas esferas de las instituciones europeas, en concreto, una de los 14 vicepresidentes del Parlamento Europeo, la socialista griega Eva Kaili.
Implicados
Junto a ella, también se suman personas como Pier Antonio Panzeri, que actualmente dirige la ONG Fight Impunity, una organización que sorprendentemente promete combatir la corrupción. También está imputado la actual pareja de Kaili y antiguo asistente de Panzeri, Francesco Giorgi. A ellos, se suma Niccolo'Figa-Talamanca, que dirigía hasta ahora la ONG No Peace Without Justice.
Durante los registros, las autoridades han incautado alrededor de un millón de euros. En concreto, 600.000 euros en casa de Panzeri y otros 150.000 en una vivienda de un diputado europeo, que podría pertenecer a Kaili, según publican varios medios. Bélgica también añade varios cientos de miles de euros más, que se han requisado en una habitación de un hotel de Bruselas, en una escena que la prensa de Bélgica ha ubicado al padre de la eurodiputada griega, detenido cuando trataba de huir con el dinero en efectivo.
¿Más implicados?
La investigación no se encuentra, en ningún caso, cerrada. Durante el último registro, realizado ayer lunes, la policía se incautó de datos informáticos de 10 asistentes parlamentarios cuyas oficinas habían sido precintadas el viernes para evitar la fuga de pruebas.
Dentro de la polémica se sitúa el grupo Socialistas y Demócratas (S&D), en el que se sitúan Kaili y, anteriormente, Panzeri. Las autoridades han registrado este fin de semana, además del domicilio de otro miembro de los socialdemócratas, al eurodiputado belga Marc Tarabella, que todavía no esta imputado.
Ante el estallido del escándalo, varios eurodiputados relacionados con Qatar han suspendido sus funciones. Así lo ha hecho Marie Arena, una de cuyas asistentes han interrogado y ha dimitido como presidenta del subcomité de Derechos Humanos de la Eurocámara. O el italiano Pietro Bartolo, como responsable de los socialdemócratas en las negociaciones de la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo sobre la liberalización de visados para Qatar. También Andrea Cozzolino ha dimitido como coordinador de urgencias en el mismo grupo parlamentario.
