Estos son los centros de El Corte Inglés que la Justicia ha ordenado demoler

Estos son los centros de El Corte Inglés que la Justicia ha ordenado demoler

La enseña de grandes almacenes enfrenta un revés judicial que no podrá evitar porque no tiene derecho a recurso.

El Corte Inglés sufre un revés judicial en pleno plan de venta de ladrillo para reducir la deuda de 3.600 millones. Junto a la imputación del alcalde de Coslada (Madrid) por la construcción de un centro de Hipercor sobre un yacimiento arqueológico del Neolítico, ahora el Tribunal Supremo ha ordenado la demolición parcial de tres de sus centros por haber superado los permisos de edificabilidad.

La orden no tendría vuelta atrás, ya que se trata del resultado del último recurso de casación presentado por los grandes almacenes por un caso que se remonta al año 2012. Los centros afectados se encuentran en las mejores plazas de Madrid: en calle Serrano 47 (ECI Serrano), en avenida de los Andes 50 (ECI Campo de las Naciones) y en calle de la Retama 8 (ECI Méndez Álvaro). Se trata de un total de 25.300 metros cuadrados de superficie comercial que, aunque la empresa dice que construyó legalmente, la Justicia ahora ordena demoler.

La sentencia parte de un caso que se abrió tras una demanda de Fernando Guerra López ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En ella, señalaba que la Comunidad de Madrid había incrementado la edidicabilidad de dos parcelas a cambio de la cesión de dos terrenos en el distrito de Salamanca y en Vicálvaro, destinadas para zonas verdes y equipamientos.

Por aquel entonces, el Gobierno de Esperanza Aguirre intentó mostrar el acuerdo como una compensación por las presuntes ilegalidades que se habrían cometido en los centros mencionados, tal y como relata el diario El Confidencial. En 2013, el TSJM ya declaró nula la medida, que se había recogido en una modificación del Plan General de Ordenación Urbanística de Madrid de 1997. 

La Justicia no ha dudado

El centro de Méndez Álvaro es uno de los afectados "El centro de Méndez Álvaro es uno de los afectados"

Los recursos contra la sentencia judicial terminaron recayendo la responsabilidad en 2015 sobre el Ayuntamiento de Madrid, en la época en la que se encontraba dirigido por Alberto Ruiz Gallardón y Ana Botella.

En el escrito, se señalaba que el Consistorio había autorizado las obras incumpliendo la ley regional e incluso aumentaba la causa señalando presuntas irregularidades, también, en la construcción de plazas de aparcamiento.

La Comunidad de Madrid también estaría involucrada en el caso porque no aprobó ninguna medida para paralizar las obras y se señala a la empresa como conocedora de toda la situación.

Con ello, se confirmaba que las ampliaciones no se ajustaban a derecho. Pero el golpe real llegaría después. Una persona identificada en la demanda con el nombre de 'don Plácido' -sic- aparece en el sumario judicial pidiendo la dmeolición del exceso de construcción. Hablamos de 11.300 metros cuadrados en Campo de las Naciones, 7.500 metros en Méndez Álvaro y 6.500 metros cuadrados en Serrano, en plena Milla de Oro de la capital.

Obligará a cerrar los centros afectados durante un tiempo

La medida supone un revés para las cuentas del grupo "La medida supone un revés para las cuentas del grupo"

La medida supone un revés en el negocio de la enseña del triángulo verde. Por ello, durante los últimos años no han dudado en 'dar la batalla' en los tribunales con recursos en los que califican la medida como "incongruente" y "desproporcionada".

Lo cierto es que tiene muchas implicaciones: daña la imagen de El Corte Inglés, obliga a cerrar los centros mencionados durante un período de tiempo, reduce el volumen de negocio, obliga a planes de reposicionamiento y supone un gasto extra para las arcas de la empresa. Una marca que actualmente se encuentra ejecutando un plan de desinversiones con una deuda mastodóntica de más de 3.000 millones de euros.

La primera estimación interna cifra los gastos en destrucción física (es decir, grúas, camiones y obreros) en un mínimo de entre 6 y 12 millones de euros. Además, habrá que pagar una compensación que aún no se ha especificado y sufragar las costas de un proceso judicial que se ha alargado especialmente en el tiempo.

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