Corren malos tiempos para los transexuales en Bolivia. El Tribunal Constitucional del país, el garante de hacer cumplir la Carta Magna (o la tan de moda "legalidad"), ha declarado inconstitucional un artículo de una norma aprobada que, en la práctica, permitía a las personas que se cambian de sexo poder contraer matrimonio y obtener los mismos derechos que los heterosexuales.
Los homosexuales todavía en pleno 2017 no tienen los mismos derechos que el resto de la ciudadanía. La ley les prohíbe casarse con las personas que aman por el simple hecho de sentirse atraídos por alguien del mismo sexo. Esta injusticia social había cambiado para los transexuales.
La ley aprobada de Identidad de Género les permitía modificar sus datos en el carné de identidad y, además, les abría la puerta a "ejercer todos los derechos fundamentales, políticos, laborales, civiles, económicos y sociales". Sin embargo, el recurso de un diputado conservador, hará retroceder al país y volverá a establecer a las personas transgénero como ciudadanos de segunda clase.
Una ilusión rota
El órgano judicial constitucional ha anulado los efectos del parágrafo II artículo 11 de la Ley de Identidad de Género aprobada en mayo de 2016. En ella se establecía que las personas que se cambian de sexo y modifican sus datos oficiales, podrían contraer matrimonio en igualdad de condiciones. La excusa jurídica utilizada para negar los mismos derechos a estos ciudadanos dice que el Estado de Bolivia solo reconoce en su Constitución al matrimonio heteronormativo.
Esta sentencia también les prohibirá adoptar niños. Álvaro Llanos, el secretario general del Tribunal, ha declarado a los medios que el hecho de que se les reconozca la posibilidad de cambiar de género así como sus datos personales, no implica que puedan tener los mismos derechos que los ciudadanos que se sienten atraídos por personas de distinto sexo.
El "vacío legal" que se produjo con la aprobación de la Ley de Identidad de Género, abría la puerta a los transexuales para que se casaran. Muchas personas, de hecho, lo hicieron. Sin embargo, tras el movimiento dado por el Tribunal Constitucional, ahora miles de seres humanos tendrán que anular sus bodas y la ilusión que se había generado quedará rota en mil pedazos.
El 13 de octubre de 2016, el diputado de la oposición Horacio Poppe del Partido Demócrata Cristiano (PDC), presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el apartado de esta norma. Según Poppe, el matrimonio entre personas transexuales atacaba al matrimonio considerado "tradicional" entre personas de distinto sexo. Así, tras un año de batallas legales, el Constitucional finalmente le daba la razón a este político conservador y moralista. "La familia está reservada para un hombre y una mujer capaces de reproducirse (...) La familia en Bolivia está protegida (tras este fallo)".
La familia está reservada para un hombre y una mujer capaces de reproducirse
La lucha para el colectivo LGTBI se complica en el país latinoamericano, uno de los que todavía establece ciudadanos de primera (los heteros) y de segunda (este colectivo) con respecto a los derechos sociales que tienen unos y otros no. Enfrente, tendrán unas leyes arcaicas, una iglesia católica anclada en el medievo y una sociedad atrasada moralmente con respecto a otras occidentales del siglo XXI.
