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Política

El Ayuntamiento de Barcelona reprueba al rey Felipe VI y pide abolir la monarquía

La CUP, con el apoyo de PDeCAT y ERC, impulsa una declaración constitucional que censura el papel de Felipe VI durante el conflicto catalán.

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha acordado este pasado viernes 26 de septiembre "rechazar y condenar el posicionamiento del rey Felipe VI, su intervención en el conflicto catalán y su justificación de la violencia ejercida por los cuerpos policiales el 1 de octubre", además de apostar por la abolición de la monarquía.

La declaración institucional ha sido promovida por la CUP y ha sido firmada por el Gobierno de Ada Colau, PDeCAT, ERC, y los dos concejales no adscritos Gerard Ardanuy (Demòcrates) y Joan Josep Puigcorbé, mientras que Ciudadanos, PSC y PP han rechazado firmarla. El apoyo, por tanto, es de 29 concejales de 41, una mayoría más que suficiente para que una declaración institucional prospere. 

Los miembros del partido naranja han abandonado el salón de plenos antes de leerse la declaración contra la monarquía, mientras los populares han explicado que se han quedado para "dar voz a los que defienden la ley y el estado de derecho", tal y como ha declarado el presidente del PP municipal, Alberto Fernández.

Ada Coalu, alcaldesa de Barcelona "Ada Coalu, alcaldesa de Barcelona"

El republicano Jordi Coronas le ha replicado que el respeto se gana, no se hereda, y la socialista Carmen Andrés ha defendido las "instituciones legítimas y democráticas" y ha resaltado que no han firmado las declaraciones porque no las comparten, pero se han quedado con normalidad y por respeto al pleno. 

La alcaldesa ya había mostrado en anteriores ocasiones su poca simpatía con la monarquía, ya que retiró un busto de Juan Carlos I de la sala de plenos en 2015, eliminó el nombre del rey emérito de una plaza de la ciudad en 2017 y ha iniciado trámites para cambiar el nombre de la avenida Borbón.

El texto reafirma el compromiso del Ayuntamiento con los valores republicanos, apuesta por la abolición de "una institución caduca y antidemocrática como la monarquía"y critica la judicialización de la política y violencia que sostiene que se ha ejercido contra los derechos fundamentales.

Esta declaración tambiénacuerda "reprobar los actos represivos en contra de la ciudadanía y condenar las amenazas de aplicación del artículo 155 de la Constitución, la amenaza de la ilegalización de partidos políticos catalanes".

En la exposición de motivos, señala que el rey emitió un discurso amenazador contra parte de la población que dice representar para acabar con la movilización popular y preservar la unidad de España a cualquier precio, y que lo hizo ejerciendo "una de las funciones por las cuales la dictadura franquista le otorgó privilegios".

Políticos presos

Los reyes, Felipe VI y doña Letizia "Los reyes, Felipe VI y doña Letizia"

El pleno ha acordado otra declaración institucional, promovida por el PDeCAT, para pedir la libertad inmediata de los líderes políticos y sociales en prisión preventiva; exigir terminar con la judicialización, y reclamar que se den "todas las garantías jurídicas" a políticos y activistas en el extranjero investigados y miembros de CDR.

Exige también una reforma del sistema judicial español que "garantice su independencia y pleno sometimiento a sus instituciones del Estado de Derecho y a los principios democráticos", evitando arbitrariedades y persecuciones ideológicas, y pide dialogar con el Gobierno central para encontrar una salida y celebrar un referéndum que permita a los catalanes decidir libremente su futuro.

Monarquía como retraso de la democracia

El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, ha destacado en un apunte en Twitter queel Parlament ya reprobó al rey y que este viernes lo han vuelto a hacer en el Ayuntamiento, porque la monarquía se ha convertido en un obstáculo para los avances democráticos que necesita el siglo XXI, según él: "Somos libres de hacerlo".

El consejo de Ministros ha decidido este mismo viernes 26 impugnar ante el Tribunal Constitucional la resolución aprobada el 11 de octubre por el Parlament contra el rey y la monarquía, a pesar del criterio en contra expresado por el Consejo de Estado en el dictamen encargado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

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