Tercera condena para el Partido Popular en el maco de la Trama Gürtel. Primero fue la pieza central del caso; después, la reforma de la sede de Génova pagada parcialmente con fondos de la Caja B. Esta vez, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a la formación conservadora por los negocios en Boadilla del Monte (Madrid). El PP queda condenado como partícipe a título lucrativo y tendrá que pagar 204.198 euros.
El tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal también ha condenado a penas de cárcel de 36 años y 11 meses para el exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero; y de 13,5 años para el empresario Francisco Correa y el exsecretario de organización del PP gallego Pablo Crespo. La decisión, adoptada por los magistrados José Antonio Mora, José Ricardo de Prada y María Dolores Hernández, ha sido acordada de forma unánime.
Según la sentencia, el Partido Popular y el 'grupo Correa' actuaron en una "dinámica de beneficio mutuo", que supuso la administración del Ayuntamiento de Boadilla por parte del entramado criminal y la "financiación irregular" del PP a través de "fondos ilícitos" derivadas a su vez de "conductas delictivas".
Se da por acreditado que "a través de favores, agasajos y obsequios", Correa fue ganándose la voluntad de los políticos "integrándolos en el entramado criminal" para poder "disponer del patrimonio público a su criterio y en beneficio de sus propios intereses personales".
La Audiencia Nacional ha resuelto que el Partido Popular se benefició de forma "evidente" de las comisiones abonadas por empresas y otras mordidas obtenidas de con cargo a "administraciones públicas". Una cuestión que influyó "tanto para las campañas autonómicas y municipales de 2003 y 2007 como fuera de ellas". Parte de los actos de esas campañas fueron pagados con el dinero corrupto del entramado y no con el del partido, que se dopó de cara a las citas electorales.
Entre 2001 y 2009
La asociación entre Correa y el exalcalde de Boadilla se selló en 2001 y duró hasta 2009. Las dos partes se lucraban a través de adjudicaciones de obras o contrataciones directas a las empresas Gürtel, o a otras empresas designadas por el propio Correa.
Esas empresas pagaban una comisión que se repartía con los cargos públicos del Ayuntamiento y de la Empresa Municipal de Vivienda. También se destinaba una parte al pago de facturas para actos, eventos y gastos del PP.
