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Alberto Casero se vuelve a equivocar y vota a favor de investigar al Gobierno de Rajoy por la policía política

El diputado del PP, que permitió la reforma laboral, vuelve a equivocarse en el sentido de su voto en un tema sensible.

Alberto Casero se vuelve a equivocar y vota a favor de investigar al Gobierno de Rajoy por la policía política

El diputado del PP por Cáceres, Alberto Casero, se ha vuelto a equivocar de votación en el Congreso y ha votado en contra de los diputados de su grupo, en una votación sensible. Casero ha votado junto a EH-Bildu, ERC, Unidas Podemos, PNV y Más País, en una propuesta pactada con el PSOE, para investigar la responsabilidad de Mariano Rajoy en la cloaca policial de la policía política en la denominada 'Operación Cataluña'.

Casero es conocido por votar en contra del sentido del voto en la reforma laboral, que permitió que la propuesta de Yolanda Díaz saliera adelante, a pesar de que el entonces líder del PP, Pablo Casado, había anunciado su voto en contra. Sin embargo, en este caso, su voto no ha sido decisivo como sucedió durante la aprobación de la reforma laboral de Yolanda Díaz.

En esta ocasión se votaba la solicitud de creación de una comisión de investigación sobre la presunta intromisión a la soberanía del Principado de Andorra por parte de responsables políticos españoles, así como de entramados parapoliciales en el marco de la denominada 'Operación Cataluña'. Se trataba de una votación telepática, ya que el Congreso está modernizando el sistema de votación presencial y, mientras tanto, los diputados no pueden usarlo. El PP ha votado en contra y Casero ha votado a favor.

Causas pendientes

Alberto Casero tiene pendientes varias causas con la Justicia y está a punto de ser juzgado por varios delitos de corrupción en el Tribunal Supremo. El magistrado que ha investigado su caso ha pedido poder sentarle en el banquillo por varios contratos supuestamente irregulares que gestionó durante su etapa como alcalde en la localidad de Trujillo, antes de dar el paso a la política nacional.

El diputado, cuyo suplicatorio está pendiente de ser enviado al Congreso, está acusado de varios delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por cinco contratos supuestamente irregulares que suman más de 90.000 euros. En su declaración como imputado, explicó que el orden no era la "marca de la casa" del Ayuntamiento de Trujillo entonces.

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