El partido ultraderechista VOX ha solicitado al Parlamento Andaluz la lista completa de los funcionarios de la Junta que valoran los casos de violencia de género y elaboran los informes necesarios para la asignación de ayudas públicas.
La formación considera que esos informes están basados en criterios "ideológicos", que definen como "supremacismo de género" y se han propuesto ahora depurar entre quienes considera "formados y acreditados" y quienes se mueven "por motivos ideológicos", según explican fuentes del partido.
El objetivo, según han declarado, sería demostrar la afirmación que VOX sostiene desde sus inicios: que el número de agresiones a mujeres por parte de hombres está sobredimensionado. "Se están violando sentencias de altos tribunales que exigen la colegiación. Los jueces dictan sentencias en base a informes profesionales no cualificados y altamente ideoligizados y de lo que depende la libertad de un acusado o el futuro de los niños", ha escrito este viernes el juez y presidente del grupo parlamentario VOX, Francisco Serrano, en su cuenta de Twitter.
VOX contra la Ley de Violencia de Género
Por ello, tras su entrada en el Parlamento Andaluz, la formación que sostiene al PP y a Ciudadanos en el Gobierno ha comenzado a llevar a cabo las primeras medidas de cara a desmantelar las políticas contra la violencia de género que rechazan.
A pesar de que VOX ya aceptó en su momento retirar la exigencia de la derogación de estas leyes, el pasado miércoles en el Primer Pleno ordinario en el Parlamento, hicieron uso del artículo 7 del Reglamento. Francisco Serrano presentó un escrito en el que pide a la Presidenta del Parlamento, la diputada de Ciudadanos Marta Bosquet, "una relación detallada con nombres y apellidos" de los trabajadores públicos de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género del Instituto de Medicina legal, adscrito a la Oficina Judicial y Fiscal de la Junta.
Esta petición de Serrano no sorprende a nadie, ya que la ha defendido públicamente en multitud de ocasiones e incluso publicó un libro al respecto: 'La Dictadura del Género', en el que considera que "la decisión de empleados públicos sin capacidad profesional" afecta a la custodia de menores en los casos de violencia de género.
La petición será estudiada por la Presidenta de la Cámara en la próxima reunión de la Mesa, donde tienen representación todos los grupos políticos que tendrán que decidir ahora si se le falicitan o no, los datos de funcionarios de públicos al partido para "depurar los casos ideológicos".
