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¿Qué le pasa al PSOE? De impulsar la autodeterminación de género a cuestionarla en la Ley Trans

La autodeterminación de género, eje de la Ley Trans, es puesta en duda por PSOE a pesar de llevar años defendiéndola.

¿Qué le pasa al PSOE? De impulsar la autodeterminación de género a cuestionarla en la Ley Trans ¿Qué le pasa al PSOE? De impulsar la autodeterminación de género a cuestionarla en la Ley Trans

Foto: CordonPress

La Ley Trans que prepara el Gobierno ha abierto una brecha entre los socios de la coalición. El PSOE se ha desmarcado del borrador que ha elaborado el Ministerio de Igualdad al considerar que refleja solo la posición de Unidas Podemos y deja en el aire la redacción final del texto, que aún tiene que pasar por otros ministerios, como Justicia.

El principal foco del conflicto reside en la autodeterminación de género, una reivindicación histórica del colectivo trans y piedra angular del proyecto de Igualdad. Ello implica la posibilidad del cambio del sexo legal sin necesidad de cumplir requisitos previos –actualmente se exige un informe diagnóstico y dos años de hormonación– más allá de la "declaración expresa" de la persona. El PSOE, ahora, no ve esto con buenos ojos.

Pero antes de analizar la sorprendente postura del PSOE, cabría echar la vista atrás para hacer un recorrido de la postura del partido sobre esta cuestión.

El colectivo trans espera que España saque adelante une ley que ampare sus derechos fundamentales y despatologice su realidad "El colectivo trans espera que España saque adelante une ley que ampare sus derechos fundamentales y despatologice su realidad"

Leyes autonómicas y reforma de la ley de 2007

En junio de 2014, el parlamento andaluz aprobaba la primera ley autonómica que reconoce el derecho a la autodeterminación de la identidad de género en España. La ley respondía a la iniciativa de la Asociación de Transexuales de Andalucía, el PSOE la hizo suya, y la ley se aprobó por unanimidad. La norma reconoce que para favorecer "una mejor integración" y evitar "situaciones de sufrimiento o discriminación", la Administración "proveerá a toda persona que lo solicite de las acreditaciones acordes a su identidad de género manifestada". Y lo hará mediante trámites "gratuitos" que "en ningún caso implicarán la obligación de aportar o acreditar cualquier tipo de documentación médica". El objeto de esta ley, según recoge el texto, es "garantizar el derecho a la autodeterminación de género de las personas que manifiesten una identidad de género distinta a la asignada al nacer".

Desde entonces, desde aquella iniciativa pionera en España, llegaron todas las demás. Trece leyes autonómicas, todas apoyadas por el PSOE y en su mayoría impulsadas por esta formación. La última ha sido aprobada en el Parlamento de Cantabria en noviembre de 2020. Como las demás normas autonómicas, ya en el preámbulo reconoce "el derecho a la autodeterminación y a la libertad para definir la propia identidad sexual o identidad de género". Esta Ley de Garantía de Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Trans, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales y No Discriminación por Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género fue presentada por el PSOE .

Cabe recordar que fue el PSOE quien abrió el camino al reconocimiento de la autodeterminación de género con la Ley 3/2007 Reguladora de la Rectificación Registral, pionera al permitir modificar la referencia del nombre y sexo en los documentos de identidad sin necesidad de someterse a una operación genital y sin procedimiento judicial.

También el PSOE, en marzo de 2017, registró una propuesta de reforma de esta ley para actualizarla reconociendo como "imprescindible" lograr la despatologización de las identidades trans "eliminando para siempre las exigencias de informes o tratamientos médicos". De esta manera, para que el Estado "reconozca verdaderamente el derecho a la identidad sexual o expresión de género autopercibida y libremente determinada" es necesaria "una legislación que reconozca su derecho a rectificar la mención registral relativa al sexo sin condicionamientos ni dependencias de asignación o acreditación por parte de terceros a través de los informes médicos hasta ahora exigidos", manifestaba el texto.

La propuesta, según un comunicado socialista de entonces, pedía "eliminar la exigencia de informes o tratamientos médicos, y el límite legal de 18 años para que los menores puedan modificar en el Registro Civil la referencia a su nombre y su sexo". En 2019 el Boletín Oficial del Congreso publicaba el texto base de la norma, que recoge básicamente el punto que ahora el PSOE cuestiona de la nueva Ley Trans.

Sin embargo, nunca llegó a debatirse en comisión ya que mediados de febrero de 2019 el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la convocatoria anticipada de elecciones y la disolución de las Cortes, por lo que todas las iniciativas no llegaron a puerto.

La postura de Carmen Calvo

Teniendo en cuenta estos antecedentes, resulta sorprendente el viraje del PSOE oponiéndose a la autodeterminación del género. Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, es la que más firmemente se ha mostrado contraria a la autodeterminación de género y a la norma del ministerio de Igualdad de Irene Montero. "Me preocupa fundamentalmente la idea de pensar que se elige el género sin más que la mera voluntad o el deseo, poniendo en riesgo los criterios de identidad del resto de los 47 millones de españoles", afirmó en una entrevista en la Cadena Ser después de conocerse el borrador de la Ley Trans.

De esta panera, el sector socialista del Gobierno complica los planes de Montero de llevar la Ley Trans al Consejo de Ministros en febrero. El PSOE sigue la senda que fijó el partido en verano de 2020 en contra de la autodeterminación de género al señalarlo como algo carente de "racionalidad jurídica" que supondrá el "borrado" de las mujeres, como defienden algunos sectores tránsfobos del feminismo.

Desde Ferraz no explican a qué se debe el viraje y se limitan a señalar que el Gobierno tiene ahora que analizar a fondo el borrador de Igualdad. El silencio del PSOE en torno a esta cuestión es atronador y solo Carla Antonelli, diputada socialista de la Asamblea de Madrid, se reafirma en sus palabras de hace cinco años cuando, en 2015, defendió la ley trans de la Comunidad de Madrid con estas palabras: "La verdad es que las personas transexuales estamos hartas, hartas y cansadas de tutelajes paternalistas que pretenden guiarnos de por vida, ya que, de pequeñas, somos sospechosas de algo y no lo creen; de mayores, nos pasan per se por un psiquiatra, y luego, al final, terminamos en un juicio sumarísimo para decirnos que somos exactamente lo que manifestamos desde el principio, lo cual es absolutamente agotador y de una crueldad innecesaria. Y vamos a acabar con ello hoy aquí".

La canaria incluso ha respondido a Carmen Calvo a a través de El Salto: "Desde el inmenso respeto que tengo a mi compañera y vicepresidenta, a quien conozco desde hace casi veinte años, tengo que decir que las declaraciones son muy desafortunadas". Antonelli ha subrayado que las personas trans componen un colectivo vulnerable, estigmatizado y discriminado históricamente y supone un "agravio comparativo" que se considere que las 50.000 personas que lo integran puedan poner en riesgo la identidad de 47 millones de españoles. "Sin duda alguna creo que debe de rectificar", añadía. Además, ha recordado a su partido que la base de la Ley Trans presentada por Igualdad calca propuestas del PSOE en diferentes momentos.

Despatologización y autodeterminación

Las personas trans insisten en que lo que busca la autodeterminación es que el Estado reconozca su identidad, no sus deseos o sus elecciones como apuntan desde algunos sectores del PSOE y desde el feminismo tránsexcluyente. "La identidad de género no se puede elegir o decidir, es nuestra realidad, nuestra experiencia más íntima", explicaba la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales (FELGBT), Uge Sangil, que insistía en que las personas trans "ya somos y existimos", y lo que reclaman es que su reconocimiento legal no dependa de terceros.

Este cambio, argumentan, es coherente con la despatologización de la transexualidad que se produjo cuando en 2018 la Organización Mundial de la Salud sacó la transexualidad de su manual de enfermedades mentales.

La despatologización trae consigo el concepto de autodeterminación de género, línea dictada por los estándares internacionales. La Comisión Europea, en junio, se pronunció a favor de reconocerla. Además, seis países en Europa lo han hecho realidad: Dinamarca, Malta, Luxemburgo, Bélgica, Irlanda y Portugal, donde basta la voluntad de la persona para adecuar los documentos a su identidad.

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