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Política

Los líderes catalanes procesados por rebelión podrían tener la pena de cárcel más baja

La Fiscalía ha pedido que se procese a los nueve independentistas acusados por rebelión con la pena de cárcel más baja, de sólo 15 años.

Los nueve políticos independentistas que se encuentran en prisión por delitos de rebelión, alzamiento y malversación de caudales públicos están a la espera de que el Tribunal Supremo dicte la apertura del juicio y se pronuncie sobre las pruebas solicitadas por las defensas. Según fuentes de la Cadena SER y El Periódico, parece claro que se mantienen las acusaciones de rebelión, pero la Fiscalía intenta que se les dé la mínima pena posible por estas condenas: 15 años.

Los acusados son Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat, Joaquim Fom, exconseller de Interior, Jordi Sànchez, expresidente de la Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, Carme Forcadell, expresidente del Parlament y los exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull.

Manifestación en Barcelona a favor de la liberación de los políticos independentistas
"Manifestación en Barcelona a favor de la liberación de los políticos independentistas"

Tal y como ha contado a El Periódico, la Fiscalía reconoce la máxima responsabilidad de lo ocurrido en Catalunya a los nueve acusados, pero si son sentenciados como "jefes principales" en este caso, la Fiscalía planea pedir las penas mínimas para estas acusaciones, que están establecidas en 15 años.

Según la Cadena SER, en el Código Penal aún hay penas menores, pero para los considerados "mandos subalternos", los que sean "meros participantes" en estas tramas. Si se da "violencia grave", las condenas podrían ascender hasta 30 años.

Las defensas de los procesados alegan el impacto familiar que supone su encarcelación

Mientras tanto, las defensas de los nueve acusados están intentando su puesta en libertad, ya que se encuentran en prisión provisional hasta que salga el juicio. El Tribunal Supremo ha rechazado los alegatos de la defensa, que solicitan la liberación por el impacto que está suponiendo su entrada en la cárcel en el entorno familiar y personal.

Según la Sala de los Penal del alto tribunal, esta defensa no tienen nada que ver con los motivos por los que están en prisión, y no se los puede poner en libertad porque aún hay riesgo de fuga y reiteración delictiva.

Además, el Supremo afirma que "la dignidad de los procesados, las condiciones de su alimentación y la habitabilidad del lugar de su custodia" están siendo garantizados.

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